El Gobierno ha prorrogado hasta el 9 de agosto la suspensión de los desahucios de alquiler para colectivos vulnerables, incluidos los que no tienen contrato, y la moratoria del pago y quitas del 50% de las rentas, si los arrendadores son grandes tenedores (diez o más viviendas) o entidades públicas.

Aunque su vigencia expiraba el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley que supone una nueva prórroga de estas y otras medidas, como la de extender seis meses los contratos de arrendamiento de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, si el propietario no reclama la vivienda para sí ni hay un acuerdo distinto entre las partes.

Igualmente, se extiende por tres meses el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión de desahucios, presenten la solicitud de compensación, con lo que este termina el 9 de septiembre.