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Consejo de Política Fiscal y Financiera

Hacienda transferirá a las comunidades 3.000 millones por el IVA de 2017: Asturias reclama 86 millones

María Jesús Montero ha anunciado la inclusión de una partida en los Presupuestos de 2022 para resarcir a las autonomías

María Jesús Montero.

María Jesús Montero.

El Ministerio de Hacienda transferirá a las comunidades autónomas alrededor de 3.000 millones de euros para compensar el impacto que tuvo en sus cuentas el cambio del sistema de gestión del IVA en 2017 a través de una partida en los Presupuestos de 2022.

Fuentes conocedoras del contenido de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este miércoles han indicado a EFE que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que para realizar esta transferencia se incluirá una partida en los futuros Presupuestos de 2022. Asturias reclama por ese concepto algo más de 86 millones de euros. Tras la respuesta negativa del Ministerio de Hacienda al requerimiento en tal sentido del Principado, el Gobierno regional decidió seguir el ejemplo de otras autonomías y tomar la vía de la justicia: interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que aún no ha sido resuelto

Este conflicto se remonta a 2017 cuando, como complemento al cambio en la gestión del IVA para aplicar el suministro inmediato de información (SII), se amplió el plazo de presentación del impuesto.

Esto supuso que, a partir de entonces, el pago de diciembre no se realizara hasta enero del año siguiente, lo que en la práctica derivó en que el ejercicio 2017 solo contara con la recaudación correspondiente a once meses en lugar de doce.

Esta merma no afectó a la parte de recaudación del IVA que corresponde al Estado (porque la contabilidad nacional computa cuando se produce la obligación, no cuando se recibe el dinero), pero sí a las comunidades autónomas (que lo hacen en caja y computan cuando el pago es efectivo).

Aún así, las comunidades autónomas no sufrieron el efecto en 2017, porque ya habían cobrado sus entregas a cuenta completas, sino en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017 y, como habían recibido a cuenta una cantidad mayor de la efectivamente recibida, esto les perjudicó en términos de déficit.

En ese momento, el Gobierno socialista intentó resolver esta situación con un nuevo cambio en la gestión del IVA en los Presupuestos de 2019, pero dado que estos nunca fueron aprobados y se convocaron elecciones generales, las comunidades autónomas acabaron perdiendo los ingresos.

Sin embargo, después de que el Tribunal Supremo diera la razón a Galicia y Castilla y León en sus reclamaciones de las cantidades pendientes, Hacienda mostró su intención de abonarla. 

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