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Bloqueo judicial de inmuebles en Madrid por las mordidas de Duro Felguera en Venezuela

Altos cargos chavistas podrían haber pagado las propiedades con comisiones millonarias

Central de gas de Termocentro en Venezuela

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha identificado y bloqueado en Madrid una decena de inmuebles cuya adquisición podría estar vinculada con el presunto pago de mordidas por parte de la compañía asturiana Duro Felguera a jerarcas y altos cargos chavistas en Venezuela. Esos presuntos pagos irregulares se habrían producido entre 2008 y 2012, periodo en el que la ingeniería estuvo presidida primero por Juan Carlos Torres Inclán y después por Ángel Antonio del Valle –sin vinculación ya con la empresa–, para obtener el contrato de construcción de la central de gas de Termocentro para la empresa estatal venezolana Electricidad de Caracas por un importe de 1.500 millones.

El juez Ismael Moreno ha acordado la prohibición de venta de viviendas, garajes y oficinas en Madrid que pudieron ser sufragados en los últimos años con los fondos que hace una década Duro destinó al presunto pago de “comisiones delictivas” a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela de al menos 14 millones de euros, según publicó ayer “El Mundo”.

El caso se destapó en 2015 a raíz de una inspección llevada a cabo en Banco Madrid por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en la que se detectaron operaciones en las que concurrían indicios de blanqueo. Entre ellas estaban las vinculadas a Nervis Gerardo Villalobos, ex viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez. En el momento de la inspección tenía más de 3 millones de euros en Banco Madrid y había transferido otros 2 millones a otras cuentas a su nombre. Para justificar el origen de los fondos, Villalobos presentó un contrato de asesoramiento principalmente “oral” de 50 millones de dólares con Duro Felguera que a su vez le había cedido una empresa intermedia.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a Villalobos como el “agente” de Duro que repartió parte de esos fondos entre cargos gubernamentales de Venezuela que tenían capacidad de decisión en la adjudicación de la central de gas. Esos altos cargos adquirieron una decena de inmuebles en Madrid que han sido bloqueados.

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