El Parlamento asturiano respaldó ayer, con el apoyo de todos los grupos (salvo los dos diputados de Vox), la toma en consideración y tramitación en lectura única de una proposición de ley de Izquierda Unida (IU) para instar al Gobierno de la nación a que declare como “estratégica” a la industria electrointensiva y cree un estatuto específico para las empresas de muy alto consumo de energía eléctrica.
Los grupos políticos consideran insuficiente al estatuto electrointensivo aprobado el pasado diciembre, en el que no se reconoció un tratamiento específico y diferenciador para la industria altamente intensiva en el consumo de electricidad y que tiene un gran impacto en la economía asturiana.
El texto, que podría recibir enmiendas parciales en su tramitación, define como electrointensivas a las empresas (siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales) que consuman anualmente más de 500 gigavatios y para las que la factura energética les suponga al menos el 25% de todos sus costes. La proposición reclama para ellas “el acceso a beneficios administrativos y fiscales, y a los mecanismos de acceso prioritario y determinación de los precios energéticos”, que, con pleno respeto a la legislación comunitaria, les garantice su competitividad respecto a grupos de su mismo sector que soportan menores costes energéticos en otros países de la UE.
La proposición de ley juzga como “necesidad imperiosa” la “urgente” declaración como “industria estratégica” de estos complejos fabriles. No hacerlo, asegura el texto, “significaría de hecho la definitiva condena de la industria básica española”. Por ello, reclama como “objetivo esencial” que el Estado ampare y defienda “la industria como pilar fundamental de la actividad económica”. La propuesta también aboga por garantizar “a corto plazo que los recursos destinados a compensar los costes de emisión indirecta de CO2” a estas industrias alcancen cada año “el importe máximo permitido por la UE”, que “se ponga en marcha de manera inmediata un mecanismo sustitutivo de la subasta de interrumpibilidad” y que haya “interlocución” entre el Gobierno y estas compañías para “elaborar planes de inversión específicos que garanticen su supervivencia y que permitan acometer de forma exitosa los procesos de transición ecológica y la transformación digital” que contribuyan a reducir consumos y costes eléctricos.
Vox, que votó en contra, y PP, Ciudadanos y Foro, que lo hicieron a favor, expresaron críticas a la gestión en este tema del Gobierno nacional, de PSOE y Unidas Podemos, y a la insuficiencia del Estado electrointensivo aprobado en diciembre. PSOE, IU y Podemos también votaron a favor. Podemos rechazó que haya incongruencia –en contra de lo que aseguró alguno de los grupos conservadores– entre defender la transición energética y a la industria electrointensiva porque no habrá futuro, dijo, sin la descarbonización y sin las ayudas a la industria para que se adapte a ella,
El Ministerio para la Transición Ecológica publicó ayer en el “Boletín Oficial del Estado” la resolución (que entra hoy en vigor) que regula los mecanismos por los que la industria que solicite acogerse a los beneficios del estatuto electrointensivo deben aportar la información sobre consumos energéticos predecibles y la certificación de que disponen de los equipos y sistemas necesarios.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) actualizó sus cálculos del coste de la electricidad para estas industrias. Según sus estimaciones, el megavatio les cuesta (sumando todos los conceptos) 109,13 euros en España, 74,28 en Alemania y 45,43 en Francia.
El precio mayorista de la electricidad se situará hoy en España en 172,97 euros por megavatio hora. Será el segundo precio más elevado de la historia, solo inferior a los 188,18 euros del pasado 16 de septiembre.
