El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, hizo ayer en Oviedo una defensa cerrada de las dos grandes reformas en las que su departamento ha estado implicado durante el último año: la laboral y la de las pensiones. Sobre la primera, en cuyo alumbramiento participó junto a otros miembros del Gobierno, mostró su convicción de que será eficaz para corregir “anomalías” estructurales del mercado de trabajo español (excesiva temporalidad y destrucción explosiva de empleo en las recesiones). Sobre los cambios en las pensiones, en vigor desde el pasado 1 de enero, pronosticó que el déficit del sistema contributivo desaparecerá antes de que finalice la legislatura, por el procedimiento de descargar sobre los Presupuestos Generales del Estado hasta 23.000 millones de euros anuales de gastos que considera “impropios” (políticas de empleo, subsidios, tarifas planas...), ajenos al destino natural de las cotizaciones de trabajadores y empresas: el pago de pensiones y otras prestaciones contributivas (incapacidad temporal).
Escrivá, economista con una trayectoria de alto perfil técnico –trabajó en el Banco de España y para el Banco Central Europeo, además de presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con el PP en el Gobierno–, habló de las reformas aludidas en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). “La de 2013 –aprobada en solitario por el PP– era una reforma de las pensiones desquiciada”, afirmó el Ministro enseñando su contorno más político ante un auditorio formado por empresarios y directivos.
“El propio Gobierno del PP renunció a aplicarla; se hizo sin consenso y no podía durar porque no tenía el apoyo de nadie”, comentó Escrivá, para ensalzar a continuación que la reforma de las pensiones que lleva su firma sí fue pactada con empresarios y sindicatos y se fundamentó en las recomendaciones del Pacto de Toledo. “Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es una cuestión de justicia, de equidad”, remarcó sobre el retorno a una fórmula estable que vuelve a vincular la actualización de las pensiones al comportamiento de la inflación, mecanismo que reemplaza al llamado “índice de revalorización” del PP. Este último método, que conectaba la revisión de las nóminas al ciclo económico para reducir el riesgo de déficit, hubiera mermado “hasta en un 40%” los ingresos de los jubilados durante su vida, argumentó el Ministro.
José Luis Escrivá expuso que la edad de jubilación es un elemento muy potente para ajustar los costes del sistema y preservar su sostenibilidad financiera. A renglón seguido descartó elevar la edad legal del retiro (66 años en 2022, salvo para las carreras laborales largas ) e incidió en la alternativa de elevar la edad efectiva de jubilación (64 años). El Ministro espera conseguirlo con los ajustes introducidos en la jubilación anticipada (cambios en los coeficientes que reducen la pensión de quienes se jubilan antes por decisión propia). Y dio a entender que confía especialmente en la eficacia de los nuevos incentivos para demorar voluntariamente la jubilación: “Por cada año que se retrase, se podrán recibir hasta 12.000 euros”. Más precisamente, “la recompensa” tiene dos versiones: un aumento de la pensión del 4% o el pago a tanto alzado de una cantidad que, según el historial de cotización, varía entre 4.786 euros y 12.060 euros, por cada año de demora. “Tiene mucho recorrido”, subrayó el responsable de la Seguridad Social. “La jubilación anticipada seguirá existiendo”, había matizado previamente.
A preguntas de este periódico, Escrivá explicó luego que citará de nuevo este año a los agentes sociales para negociar cambios que afectarán al período de la vida laboral que computa para el cálculo de la pensión. El Ministro no precisó si ese período se extenderá como ha pedido la UE –a 35 años o incluso a toda la vida laboral–, aunque dio a entender que una posible ampliación se combinaría con la opción de “excluir los peores años de cotización” y de “trabajar también sobre las lagunas de las cotizaciones” en los casos de trabajadores con carreras “volátiles”.
José Luis Escrivá es el autor intelectual de la ecuación principal que el Gobierno ha elegido en su reforma para que cuadren las cuentas de las pensiones: trasladar a los Presupuestos del Estado, por tanto a cuenta de otros ingresos públicos, 23.000 millones en gastos que hasta ahora se costeaban con las cotizaciones sociales sin guardar relación directa con las prestaciones contributivas.
“Cuando el sistema tenía superávit –llegó a haber 65.000 millones en el llamado fondo de reserva– se fueron cargando los costes de políticas, que son legítimas y necesarias, pero que no son propias de la Seguridad Social; por eso se generaron luego los déficits”, argumentó Escrivá. Con el traspaso de 18.500 millones de tales gastos a otro lugar de las cuentas públicas, “el déficit de las pensiones se quedará este año en el 0,5% del PIB”. “El sistema estará en equilibrio al final de la legislatura”, tras completar una mudanza que una corriente de expertos considera un artificio que “sólo cambia el agujero de sitio” –según expresión de economistas del observatorio Fedea– y que Escrivá defiende, entre otras razones, porque aporta “certidumbre” sobre la viabilidad de las pensiones.
“Una situación de tanta incertidumbre como la que vivimos hay que compensarla con políticas que den certidumbre”, dijo el Ministro en alusión a la comentada reforma de las pensiones y a la reforma laboral.
“España tiene un mercado de trabajo claramente mejorable, con una tasa estructural de paro mucho más alta que otros países europeos, una enorme amplificación cíclica y un nivel extraordinario, quince puntos superior a los de países como Francia o Alemania”, diagnosticó José Luis Escrivá como introducción a sus reflexiones sobre los cambios en la regulación laboral concertados con los agentes sociales y ahora en tramitación parlamentaria. “La temporalidad se ha visto como un mecanismo de flexibilidad, pero los países donde más empleo se crea tienen mucha menos temporalidad”, apuntó. Afirmó también: “Se ha creado el imaginario de que la forma de competir es con salarios bajos, pero los costes laborales ya son de los más bajos de la UE”.
La reforma laboral “es sustantiva”, según Escrivá, y en parte está construida sobre la experiencia de las políticas desplegadas en la crisis del covid para sujetar el empleo. Los cambios, vino a decir, conforman un engranaje que, por un lado, reducirá la temporalidad a niveles homologables a los europeos a través de las modificaciones de la contratación (apuesta por los fijos discontinuos, nuevo tipo de contrato estable para la construcción...) y, por otro lado, consolidará los ERTE como principal herramienta para afrontar las crisis (generales o sectoriales) y aligerar sus impactos en el empleo y en las empresas.
