La economía de guerra ha llegado a las electrointensivas, pero también a otras industrias de la región. Los elevados costes energéticos obligan a las empresas a recortar producción para contener las pérdidas. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) celebró ayer un consejo ejecutivo extraordinario para tratar lo que ya denominan “emergencia energética”. Desde la patronal, “ante el preocupante incremento del número de empresas que se están planteando paralizar su actividad”, solicitan a las administraciones públicas que tengan previstos o bien más ERTE “por causas de fuerza mayor” o nuevos mecanismos de flexibilidad laboral, como los llamados RED, que entraron en vigor el pasado mes de diciembre.
Los empresarios hablan de “situación límite”, mientras que ArcelorMittal, la principal industria de la región confirma su voluntad de negociar una regulación de empleo específica “planta por planta” en sus instalaciones españolas. Como Arcelor, otras empresas (Azsa o Cementos de Tudela Veguín) se han visto obligadas a recortar producción. Y a menos trabajo, lo normal, reconocen algunos empresarios asturianos, es que se termine prescindiendo de empleados si la situación no se revierte.
En Asturias, la siderúrgica todavía no ha planteado nada a los sindicatos. Las conversaciones con la plantilla decidirán qué método se lleva a cabo para contener los gastos mientras los elevados costes energéticos hacen “insostenible” la producción. Fuentes oficiales de la compañía señalan que, aunque no hay tomada una decisión en firme para Gijón y Avilés, se podría aplicar lo que ya se está negociando en las instalaciones que la compañía tiene en el País Vasco. En Sestao ya hay un ERTE pactado y, en Olaberría, se pretende llegar a un acuerdo similar.
Si no hay entendimiento con la plantilla asturiana para implantar un nuevo expediente, la empresa podría optar por prescindir de los trabajadores eventuales. Actualmente, fuentes cercanas a la dirección de la compañía apuntan que la situación es “difícil” por el clima de fracción sindical en el seno de la empresa que ha llevado a paros constantes desde principios de febrero a cuenta del contrato relevo. Desde CC OO, uno de los sindicatos más críticos con la gestión del grupo, y los representantes de UGT, USO y Aciaa, que conforman la mayoría en el comité de empresa, temen que la subida de la luz “sirva de excusa a la empresa” para acometer recortes de plantilla.
La patronal insistió durante su consejo en la necesidad de adoptar medidas “extraordinarias y urgentes para limitar la escalada de los precios de la energía y del combustible”. A juicio de los dirigentes de la Federación Asturiana de Empresarios es “imprescindible” modificar el sistema marginalista de fijación de precios de forma inmediata, así como la reducción de cargas fiscales, especialmente en los tributos que gravan la energía.
Entre las medidas que piden los empresarios asturianos está la aplicación de los novedosos mecanismos RED. Un sistema que plantea varias posibilidades para reducir plantilla de manera temporal. Por un lado se permiten por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o, por otro lado, por causas cíclicas, esto es, cuando concurran circunstancias derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconsejen la activación de mecanismos adicionales de estabilización. La situación actual permite que se empiecen a introducir estos mecanismos, llamados a sustituir a los ERTE, tan eficaces en la pandemia.
La cuenta atrás de Arcelor: acuerdo en mayo o inversiones en riesgo
ArcelorMittal, a pesar de la situación, sigue dando pasos para conseguir llevar a buen puerto su plan de descarbonización. La siderúrgica llama a la “paz social” entre su plantilla para acometer una inversión “vital” para su futuro. La dirección asturiana planea presentar en mayo su plan de inversiones al grupo empresarial. El desembolso para desmantelar el horno alto A e instalar el nuevo horno eléctrico de productos largos se estima que supere los cien millones de euros. La firma, preocupada por las protestas de sus empleados, busca alcanzar un consenso entre su plantilla para gestionar “las salidas” durante los próximos años. El plan de descarbonización de la empresa conllevará un recorte de unos 960 trabajadores. “Nuestro ‘horno alto A’ alcanzará su fin de vida útil a mediados de 2024. Si no tenemos una instalación que le sustituya para entonces, no tendremos suficiente materia prima para alimentar nuestras líneas”, explica el comunicado interno remitido a los jefes de departamento de la empresa en el Principado. El análisis de costes de la empresa señala que, con solo un horno no les bastaría para alimentar las instalaciones de productos largos, y sin estas instalaciones, los costes de productos planos –la otra línea de producción de la firma– se dispararán, “haciendo económicamente inviable nuestras plantas”. Así, la empresa lanza un toque de atención velado a los sindicatos: “Hacen falta 24 meses después de la validación para construir y poner en marcha el horno eléctrico”. Antes de mayo, dicen, tienen que lograr un consenso. “Para que se apruebe el proyecto, debe tener una justificación económica”, advierte la dirección que añade que “nadie invierte para perder dinero”. Productos largos en Asturias ha tenido pérdidas durante la última década, si se descuenta la amortización. “No estamos hoy al nivel de productividad de nuestros competidores españoles y europeos”, reconocen. Así, piden a la plantilla “dejar de lado los intereses particulares para concentrarse en el bien común”. Desde la empresa solicitan una mejor organización que lleve a una mayor productividad: “simplificar, automatizar, digitalizar e implementar sinergias”. El comunicado finaliza con la petición de llegar a un acuerdo “social global, a la mayor brevedad posible” que establezca la gestión “de las salidas en los próximos años”.
