El Principado insta a los ayuntamientos a “adaptar” las tasas de la recogida de basura a la “inevitable” subida de sus costes de gestión derivada de los nuevos tratamientos de la basura y la entrada en vigor del nuevo impuesto al depósito en vertedero. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular fue ayer objeto de debate entre responsables políticos y técnicos organizado por la empresa pública Cogersa (Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias) y FACC (Federación Asturiana de Concejos).
El encuentro se saldó con varias conclusiones: la aplicación de la nueva legislación es inevitable, la situación es difícil y los objetivos climáticos “un reto ambicioso”. La norma, que entrará en vigor en los próximos meses dobla la presión fiscal sobre los residuos con el objetivo de incentivar el cumplimiento de los compromisos mediáticos. Como una de las medidas más discutidas está la nueva tasa de 40 euros por tonelada de basura de origen municipal vertida en vertedero, una cantidad que se sumará a la factura actual de 25 euros. Este incremento de precios llevará a los 65 euros por toneladas el coste de los depósitos, impuesto que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
La gerente de Cogersa, Paz Orviz, adelantó estar trabajando con el Principado para que la recaudación por el nuevo tributo al vertido se reinvirtiese en los propios ayuntamientos y en los programas de recogida de residuos. Por otra parte, el vicepresidente y Consejero de Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, señaló que Cogersa tiene, hasta ahora, el precio de gestión de la fracción resto más barato de España, con 25 euros por tonelada, frente a una media de 100 euros en las comunidades que realizan un tratamiento previo y clasificación de la bolsa negra. Un trabajo que podrá llevar a cabo Cogersa a partir de 2023 gracias a la nueva planta que, con 60 millones de inversión, se está construyendo. Cofiño celebró que, estas obras, están avanzando a un ritmo “mejor de lo esperado”. Cuando entre en funcionamiento la planta, que llegaría a Asturias con casi diez años de retraso, los costes volverán a incrementarse. “No es lo mismo que llegue un camión y haga un vertido, a que esa basura se trate y separe en una fábrica”, explicaba ayer Orviz a los representantes municipales presentes en el coloquio.
Las subidas
- El nuevo impuesto. La nueva Ley de Residuos incorpora una tasa de 40 euros por tonelada de residuos de origen municipal vertidos en vertedero. Hasta ahora, Cogersa cobraba 25 euros por el tratamiento de los mismos. El Principado recomienda ahora a los Ayuntamientos que suban las tasas de la recogida de basuras, tal y como pide la nueva legislación nacional. El nuevo impuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
- Nuevos costes. Tras una década de retrasos y una inversión de unos 60 millones, Cogersa contará en 2023 con su planta de tratamiento previo y clasificación de la bolsa negra. El consorcio será más eficiente y limpio pero los costes de gestión, hasta ahora los más baratos de España, también subirán.
Esta planta habilitará a Asturias para conseguir nuevos materiales fruto del reciclaje como el CSR (combustible sólido recuperado). La situación, reconoce Orviz, es difícil, porque incluso esos nuevos productos pueden suponer nuevos costes. Los mercados no están consolidados y el Principado carece de una instalación finalista, aunque dejó una puerta abierta a la esperanza confiando en que, durante los próximos años, se pueda obtener rentabilidad de este tipo de combustibles obtenidos de los residuos.
Cofiño, sin embargo, señaló ayer que los Ayuntamientos deberán repercutir estos nuevos costes a los vecinos, pero que las entidades locales contarán también con apoyo financiero para abordar estos cambios: unas ayudas con un presupuesto de 4,6 millones que permitirán a las entidades locales obtener una subvención de hasta el 90%. El vicepresidente del Principado calificó la nueva legislación de “muy exigente”.
Cofiño reconoció ayer que Asturias “tiene por delante un largo camino para alcanzar en 2030 la tasa de reciclaje del 60% que exige la Unión Europea”. Hasta el momento, según aseguró Orviz, Asturias es la comunidad que más residuos deposita en vertederos, situando al Principado a la cola de este parámetro. La anterior normativa comunitaria fijaba en el 50 % el volumen de residuos municipales que debían reciclarse en 2020, un objetivo que Asturias no cumplió tras alcanzar una tasa de apenas el 36% y ahora el Gobierno, Cogersa, los ayuntamientos y los ciudadanos tiene ante sí el reto de cumplir la previsión de situarla en el 60 % de cara a 2030. Unos objetivos ambiciosos pero que, según el Principado, se pueden alcanzar.
Las nuevas exigencias de la ley, reflexionó Cofiño cuenta con Cogersa como una de las palancas capaces de hacerlas asumibles para los ayuntamientos asturianos. El consorcio, explicó, “gracias a cuatro décadas de gestión eficiente, de ahorros derivados de la integración de servicios y del aprovechamiento de las economías de escala de la gestión mancomunada” será capaz de acometer las inversiones necesarias para adaptar Asturias a las nuevas exigencias de la economía circular.
No todos están del todo conformes con la normativa. Entre los ponentes del coloquio estuvo el alcalde de Illas, Alfonso Tirador. En cuanto tomó la palabra, el regidor, que intervenía en nombre de los ayuntamientos pequeños de Asturias denunció que la nueva norma no estaba pensada para los concejos pequeños. Algunos municipios asturianos, con una extensión amplia y una escasa población muy dispersa tienen grandes problemas para hacer recogidas de basura tan eficientes como las ciudades del Principado.
Aunque a todos los concejos les va a salir caro. En el Ayuntamiento de Oviedo, según los datos aportados por el técnico responsable de la gestión de residuos de la ciudad, Adolfo García, la nueva ley sumará dos millones de euros más de coste de este servicio.
