El rescate por el Estado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE) de tres ingenierías asturianas (Duro Felguera, Isastur e Imasa), otras tres sociedades con implantación en la región (Celsa, Volotea y Abba) y una séptima con accionistas asturianos (Airtificial), amén de otras dos que lo han sido a través del fondo Fonrec (la ovetense Azvase y Navec, presente en la región), refuerza la presencia del sector público empresarial en la región por vez primera desde que el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) nacionalizó Minas de Figaredo en 1980 y promovió Mercasturias en 1986, y desde que la entonces estatal Endesa se hizo con el control en 1991 de Viesgo, con implantación en el occidente asturiano y en el valle del Caudal.
Desde entonces, y en particular desde las privatizaciones a partir de 1996, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sucesora del INI desde 1995, y que gestiona el fondo estatal FASSE, redujo ostensiblemente su presencia en una comunidad en la que durante decenios fue el primer empleador industrial de modo abrumador.
En 1976, al año siguiente de la muerte de Franco, el INI aportaba el 44% del empleo industrial de Asturias y el 41% del valor añadido bruto del sector secundario. La comunidad concentraba entonces el 19,85% del inmovilizado total del grupo industrial público (una proporción de hegemonía estatal en el sector productivo sin parangón en España y Europa occidental) y en 1978 el Instituto alcanzó el récord de empleo directo en la comunidad con 54.520 empleados.
Desde entonces, estas cifras desproporcionadas no habían hecho más que ajustarse progresivamente para converger con la dimensión de Asturias y su peso en la economía española. Así ocurrió hasta la pandemia de 2020. Con datos de ese ejercicio (los últimos, además, difundidos con carácter oficial por la SEPI), este conglomerado estatal concentraba en el Principado el 3,2% de su inversión y el 3,23% de su plantilla. Asturias había pasado a ser la undécima comunidad autónoma por ocupación dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con 2.555 puestos de trabajo directos.
Esta cifra se alcanzó en un ejercicio (2020) que fue el primero desde 2012 en el que la SEPI amplió su peso laboral en Asturias.
Pese a la acelerada caída de su implantación en la región (en 1991 aún tenía 37.267 asalariados en la comunidad), el peso de Asturias en el empleo y la inversión de SEPI seguía siendo antes de los recientes rescates muy superior a la contribución del Principado al producto interior bruto del país (1,9%) y a la población española (2,13%).
Los fondos para socorrer a compañía solventes y con gran impacto en la economía que hubieran sufrido un severo revés por los cierres de actividad durante la pandemia (y que anteayer cerraron la ventanilla de petición de ayudas) no han hecho tomas de participación accionarial y se han limitado a inyectar recursos mediante créditos ordinarios y participativos, aunque en el caso de empresas como Duro han designado a dos miembros de su consejo.
SEPI eludió canalizar su ayuda como participación en el capital para evitar lo que en algunos casos, y en virtud de la cuantía solicitada, hubiese supuesto el control público mayoritario, aunque se trata de una de las opciones previstas en el decreto que creó el Fondo Fasse en julio de 2020 con 10.000 millones
A las sociedades ayudadas por la SEPI a través del fondo FASSE, se suman otras dos que también lo han sido por el Gobierno a través de la compañía pública Cofides, gestor del fondo Fonrec, concebido específicamente para pequeñas y medianas empresas. En este caso se hallan la compañía ovetense de servicios Azvase y la empresa de ingeniería y fabricación Navec, que se implantó en Asturias en 2006 con la compra de la asturiana Tradehi.
