El Gobierno empieza a dar algunas pistas sobre el alcance de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética que prevé adoptar en 2023, en un escenario en el que aún no se atisba el final del conflicto bélico en Ucrania. Apurando los plazos, el Gobierno ha remitido este sábado a Bruselas el Plan Presupuestario de las Administraciones Públicas para 2023 y en él el Ejecutivo ha incorporado algunas directrices que aclaran algunas de las cuestiones que se habían dejado abiertas en el proyecto de Presupuestos del Estado para el año próximo presentado en el Congreso de los Diputados hace escasos días. Del documento remitido a Bruselas se desprende que el Gobierno ve posible prorrogar a 2023 medidas anticrisis por unos 17.000 millones de euros, un importe similar a las implementadas en 2022, sin que ello suponga descuadrar su objetivo de déficit público para el año próximo, del 3,9% del PIB.
El Plan Presupuestario enviado a Bruselas incluye un escenario en el que, de manera automática, se prolongarían a 2023 las medidas fiscales adoptadas hasta ahora en el campo de la energía (rebaja del IVA de la luz y del gas y otras). Del documento se desprende que esta prórroga podría tener un impacto presupuestario de unos 6.700 millones en el conjunto del año.
Además, el nuevo documento presupuestario reconoce que el Gobierno había infrapresupuestado los ingresos tributarios de 2023 en unos 10.800 millones de euros. Esta sorpresa recaudatoria permitiría aplicar el año próximo medidas anticrisis por el lado del gasto por un importe similar a las ya adoptadas en 2022, que el documento cifra en 10.000 millones. En 2022 la mayor parte de las medidas anticrisis adoptadas por el lado del gasto se lo ha llevado la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante (se estima un coste de 5.752 millones para el conjunto del año).
Una vez que ha reconocido esta infrapresupuestación en el documento remitido a Bruselas -unos datos que no se habían querido hacer oficiales hasta ahora- el Gobierno logra cuadrar, al menos sobre el papel, las cifras de ingresos y gastos para 2023 al tiempo que incorpora la adopción de medidas anticrisis. Para explicarlo, el Gobierno incluye como novedad este año en el Plan Presupuestario el diseño de dos escenarios. Uno, en línea con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, enviado hace unas semanas al Congreso de los Diputados, en el que aún no se incluía la adopción de medidas anticrisis en 2023, a la espera de la aprobación de un próximo decreto ley en noviembre. Y otro, en que sí se sitúa en la hipótesis de adopción de medidas. En uno y otro escenario, el Gobierno consigna una misma previsión de déficit público: 3,9% del PIB. Y la razón que lo hace posible es que en el segundo de ellos reconoce unos mayores ingresos que no se explicitaron hace apenas unos días, cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley en el Congreso.
Es en el segundo escenario en el que se prevé un nivel de ingresos tributarios mayor tanto para este año (10.800 millones más) como para el próximo (9.600 millones más). En la sorpresa de recaudación de impuestos de los dos últimos años pesa el afloramiento de empleo sumergido, que se traduce en una mayor recaudación de impuestos y cuotas sociales. Según el plan, en los últimos años se ha producido un afloramiento de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 son asalariados y 35.000 son autónomos.
En concreto, ahora se prevé que el ratio de ingresos públicos sobre el producto interior bruto (PIB) será del 42,9% este año y del 43% el próximo (frente a 42,1% y 42,3% previos). En particular, se estima que la recaudación de impuestos en 2023 alcanzarán los de 354.283 millones de euros por “la desaceleración acelerada del PIB y la prórroga de las medidas tributarias”, así como por el impacto positivo de la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos en el Impuesto sobre Sociedades y la recaudación del impuesto de solidaridad de grandes fortunas. Y un nivel de gasto del 46,9% del PIB, (frente al 47,9% que establece para este 2022 y del 46,2% del primer escenario).
En este escenario se incluye una prórroga de aquellas medidas “que se demuestren sean más efectivas, y estén focalizadas en proteger a los colectivos más vulnerables, hasta que se supere la crisis energética”. Esto incluye la extensión de las rebajas fiscales de la factura de la luz y el gas (rebaja del IVA, reducción del impuesto especial para la electricidad y suspensión del 7% a la producción eléctrica), según se expone en el texto. Pero no se aclara si también se incluirá otras como la bonificación de 20 céntimos por litro a los carburantes.
Pero además se incluyen tres medidas que se introducirán ya este año, dada una mayor previsión de ingresos (del 42,9% del PIB, frente al 42,1% que preveía el escenario uno) que justifica el Gobierno por “una mejora de las previsiones a consecuencia de la buena marcha de la economía”. Una de ellas es la anunciada ampliación del bono social térmico (una especie de 'cheque' para pagar la calefacción que reciben los consumidores vulnerables) para alcanzar a familias trabajadoras de bajos ingresos.
Y las otras dos son nuevas. Por un lado, la asunción por parte del Estado del déficit de las tarifas de último recurso de gas natural (TUR), tanto las individuales como la nueva tarifa para las calderas de las comunidades de vecinos, que hasta ahora asumían las comercializadoras. Y por otro, la puesta en marcha antes de que finalice el año de nueva medida para “flexibilizar, hasta finales de 2023, las condiciones de contratación de gas y electricidad, permitiendo más de un cambio de potencia y presión cada 12 meses, de manera que los consumidores puedan adaptarse mejor a la volatilidad de precios energéticos”. Esta medida, incluida en el plan de contingencia, está especialmente dirigida a los grandes consumidores de energía.
