Barbón avisa a Arcelor tras la congelación del plan verde en Asturias: "Espero que ceda, y si no ya hablaremos de otras cosas"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, elevó ayer el tono y metió presión a la dirección de ArcelorMittal para que apruebe la sustitución del horno alto A de la factoría de Veriña (Gijón) por una planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI): "Tengo que hacer una exigencia a la empresa: la mayor ayuda pública que se ha concedido a una compañía para su descarbonización y transformación la ha recibido Arcelor: 450 millones de euros, más el dinero aportado por el propio Principado; es decir, cantidades de muchos cientos de millones. Tienen que tener un compromiso con el territorio, y tienen que hacer la transformación a la que se comprometieron. Espero que, ya que aceptaron la ayuda, la ejecuten pronto".

Barbón se expresó con esta contundencia –poco habitual al pronunciarse sobre los asuntos de Arcelor, que desde el Ejecutivo asturiano suelen dirimirse con discreción– tras el Consejo de Gobierno, celebrado en Coaña. Preguntado por la paralización del proyecto del DRI, que la multinacional comunicó recientemente al Principado –como adelantó el pasado domingo LA NUEVA ESPAÑA–, el presidente llegó a deslizar una críptica advertencia a la siderúrgica: "Espero que haya una solución positiva y que la empresa ceda a las posiciones. Y si no, ya hablaremos de otras cosas". Pero no detalló a qué se refería con esto último.

"Si tienen esas ayudas, que las ejecuten para garantizar su transformación y viabilidad. Además, ya han obtenido las autorizaciones ambientales", ahondó el jefe de Ejecutivo regional, en referencia a la resolución favorable de impacto ambiental de la planta DRI que el Principado concedió el pasado día 12.

Según Barbón, el precio de la electricidad que paga la industria electrointensiva (75,53 euros por megavatio/hora) no es el principal motivo por el que Arcelor ha decidido paralizar la inversión, como argumenta, entre otros, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). "No creo que ese sea el problema, creo que obedece a otras lógicas empresariales, sinceramente", afirmó el Presidente. "Para abaratar los costes eléctricos, España tuvo, gracias a la ‘excepción ibérica’, precios de energías más baratos que el resto de Europa, esa es la realidad", subrayó. También mencionó el estatuto de las electrointensivas y los contratos de suministro a largo plazo (PPA, en la jerga del sector) como factores que "permiten abaratar los costes de la energía".

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No obstante, ArcelorMittal acaba de firmar con el Gobierno francés un acuerdo para desarrollar un proyecto muy similar de descarbonización en su fábrica de Dunkerque, al norte del país, donde construirá dos hornos híbridos de arco eléctrico y una planta DRI que estará alimentada en un principio por gas natural y, posteriormente, por hidrógeno. Entre el mercado electrointensivo francés y español hay una diferencia clave: el precio del megavatio/hora en Francia es de 23,18 euros, tres veces menos que en España. Y Arcelor se garantizará el suministro mediante un contrato con la empresa estatal Électricité de France (EDF), que proveerá la energía generada en la central nuclear de Gravelines.

Precisamente ayer, la coalición Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS) defendió la creación de una empresa pública eléctrica en España "que pueda fijar precios competitivos y así asegurar las inversiones de Arcelor en Asturias". Así lo propusieron en una intervención los diputados Xabel Vegas y Delia Campomanes, que citaron la inversión firmada por multinacional siderúrgica en Francia como ejemplo del que "tomar nota como forma de intervenir en el sector industrial". En esa línea, Vegas afirmó que la coalición está trabajando con Sumar para poner este asunto, además de la modificación del estatuto de las electrointensivas, "en la primera lista de las prioridades" de la agenda política. También llamó a la creación de un "frente común asturiano" entre partidos, sindicatos y sociedad civil para defender la industria.

En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni nacionalizará la principal planta siderúrgica del país, participada en su mayoría por ArcelorMittal. La instalación Acciaierie d’Italia, en Tarento, se encuentra participada al 62% por la multinacional y al 38% restante por la entidad pública Invitalia.

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