Madrid / Oviedo
La polémica reforma del Estatuto de Cataluña ha vuelto a entrar en vía muerta. Tres años después de que el PP presentara su recurso, se ha roto el consenso en el Tribunal Constitucional. La mayoría de los diez magistrados que han venido deliberando sobre el texto se niega ahora a firmar la última propuesta de la ponente Elisa Pérez.
Ante esta situación, la presidenta del TC, María Emilia Casas, ha pedido rehacer «sin ninguna prisa» toda la sentencia sobre el Estatut. La situación de bloqueo se produce después de haber procedido a la tercera revisión del borrador de la sentencia y cuando al menos dos de los magistrados que habían comprometido su firma ahora se han echado para atrás.
El consenso sobre los dos o tres artículos a declarar inconstitucionales se convierte en papel mojado, al igual que el acuerdo para salvar el núcleo del Estatut y las competencias del Estado a través de una sentencia interpretativa. La ponente Elisa Pérez habría recortado los fundamentos jurídicos elaborados hasta dejar el texto sin la solidez necesaria. Ese recorte de cien folios ha terminado por arruinar el consenso entre los magistrados, una parte de los cuales ya no ve defendible ni sostenible la sentencia. El que dio el primer paso atrás fue Guillermo Jiménez. Su apoyo era clave para la aprobación del texto por seis votos a cuatro. Ahora vuelve el empate y la presidenta Casas no quiere usar su voto de calidad por temor al escándalo.
El PP dijo que este retraso sitúa al Tribunal Constitucional «fuera de todo parámetro de normalidad» y acusó a Casas de llevar el TC «hacia los máximos límites de desprestigio». El Gobierno pidió al PP que no presione y añadió que no le consta que haya diferencias entre magistrados ni que exista retraso.
