Un chantaje con 4,3 millones de rehenes

Jimmy Carter les tenía más miedo a los controladores aéreos que a los misiles soviéticos. «Son los únicos profesionales capaces de derrocar a cualquier Gobierno sin necesidad de hacer la guerra», argumentaba entre la sorna y el respeto el demócrata que presidió Estados Unidos entre 1977 y 1981. La experiencia le había vencido: como tantos otros gobiernos, intentó doblarles el brazo y, como tantos otros gobiernos, fracasó. No lo hizo Ronald Reagan, que a los ocho meses de tomar la presidencia de manos de Carter logró lo que ahora pretende el ministro de Fomento, José Blanco: arrodilló al colectivo más corporativista de la función pública llevando la presión al límite. Aunque para ello disponía de un arma de la que carece hoy por hoy España: miles de controladores militares formados para sustituir a los más de 11.000 profesionales civiles a los que despidió sin que le temblase el pulso. Blanco no tiene a 2.000 militares capaces de ocupar el puesto en las torres españolas de otros tantos civiles, aunque ya ha empezado a formarlos.

Pero el tiempo se le echa encima. La presión y las críticas crecientes a los controladores cristalizaron el viernes pasado en un decreto que ha precipitado los acontecimientos: el Gobierno ya tiene ante sí una huelga aprobada, pero aún no convocada que amenaza con abortar el agosto llamado a poner a la economía española en pista de despegue hacia la recuperación. «Van a hacer que quiebre la primera empresa española: el turismo», resumía ayer certero el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, que coincide con el Gobierno, los hoteleros, los consumidores, las agencias de viaje y el resto de empresas ligadas de un modo u otro al turismo en la descripción de la huelga: «Es un chantaje que toma a millones de pasajeros como rehenes». No lo ven igual los controladores, cuyo presidente sindical, Camilo Cela, describe a sus colegas como un colectivo «esclavizado» y víctima de unos salarios tan altos que, a ojos de la opinión pública, parecen legitimar toda violación de sus derechos. Por eso donde otros ven chantaje él encuentra negociación laboral pura y dura. Tan dura que los controladores han convertido la huelga que sin estar convocada ya hace temblar a España en su último y más potente argumento: «Es parte de la negociación», certifican en la todopoderosa Usca, el sindicato que ha logrado atrincherar en una unidad sin fisuras a todos los controladores de España. ¿Se trata entonces de un chantaje o de una negociación? Pues es tanto una cosa como otra. La confusión informativa que siguió en la tarde del martes a la aprobación por práctica unanimidad de la huelga de controladores habla por sí sola: mientras los portavoces de Usca en Madrid insistían en que la huelga comenzaría el día 18, desde fuentes de la dirección del sindicato confesaban que la idea es plantear a Fomento y AENA una huelga «disuasoria» en el fin de semana más intenso del verano aéreo, el que empieza el sábado 14 y acaba el lunes 16 de agosto. Usca desnuda así su estrategia y lanza un órdago con una mano casi imbatible: el impacto brutal de un paro que durante tres días encadenaría a los aeropuertos a los 4,3 millones de pasajeros previstos en los casi 30.000 vuelos programados para el fin de semana de tráfico aéreo más intenso del año.

«Si esto se entiende como un chantaje, pues es un chantaje», apuntaba ayer mismo el portavoz de la directiva de Usca, Daniel Zamit, cuyas declaraciones se atemperaban en otros representantes de la cúpula. «No queremos hacer demasiado daño, pero es necesario forzarlos [a AENA y a Fomento] a que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación que ellos mismos se cargaron», confiesan como explicación otras fuentes del sindicato, que fuera de micrófono confiesan aún más: no están dispuestos a dejar que el ministro Blanco se vaya de rositas. Simplemente, se la tienen guardada. Él fue quien se burló de sus enfermedades profesionales, recuerdan. También él, dicen, fue quien instó la aprobación de un decreto el viernes pasado que, según los controladores, está en el origen de una convocatoria de huelga cuatro días después en plena temporada alta. Y el departamento del ministro gallego fue el que filtró a los medios que el 70% de los controladores de baja eran dados de alta tras la revisión, dato de impacto mediático y titular fácil que obviaba un hecho clave: ese volumen de altas tras revisión médica es similar al que se registra en el resto de profesiones. «Lo normal es que cuando llevas unos días de baja te den el alta», resumen en el sindicato, en el que consideran «lógico tras meses de acoso laboral por parte de AENA» que en el Prat llegarán a plantear su baja al mismo tiempo el 40% de los controladores.

l De 350.000 a 200.000 euros de sueldo. Así que hay chantajes, hay negociaciones y hay cuentas pendientes. De unos y de otros. Es la consecuencia directa de seis años de negociaciones infructuosas que acaban a golpe de decretos. El de la semana pasada sirvió de excusa a los controladores para cebar el conflicto con una huelga declarada que hasta ahora era encubierta. Aunque el decreto clave se aprobó en febrero, cuando el Gobierno adelgazó sin dieta los excesos salariales del colectivo: las 1.200 horas anuales que los controladores tenían como jornada anual hasta que Blanco se echó al monte se convierten de golpe y porrazo en 1.670 horas, reforma que lleva aparejada la desaparición de la principal fuente de sobresueldo de los profesionales, las 600 horas extras anuales que situaban a los españoles entre los controladores mejor pagados de Europa. O traducido a cifras: los 350.000 euros de sueldo que se embolsaba al año un controlador medio -los había de 900.000 y de 56.000- se encogen con un solo decreto hasta los 200.000. Y eso es un 40% menos, tijeretazo que rasga las gastadas costuras que ligaban a la profesión con los gestores de AENA y desencadena la sucesión de bajas de naturaleza dudosa, la campaña de difamaciones cruzadas y, finalmente, la huelga que ha empezado a demoler desde la base el agosto del turismo español.

Porque el daño ya está hecho, recuerdan quienes ven peligrar por la huelga un volumen elevadísimo de reservas hoteleras y viajes de última hora. «El mero anuncio puede suponer que perdamos hasta el 30% de las reservas, las que esperábamos a última hora, que simplemente dejarán de hacerse o se desviarán a destinos accesibles con coche o tren», argumenta la presidente de la Federación Hotelera de Mallorca. Y lo mismo lamentan en Canarias, cuyo Gobierno advierte de que para canarios y baleares una huelga de controladores equivale a poner las islas en cuarentena: sin aviones, no se puede entrar ni salir de unos archipiélagos que viven del flujo constante de turistas.

l Navajazo al turismo. Aunque el navajazo en las cuentas de resultados del empresariado turístico se repite por toda la geografía española. Lo denuncian en colectivos como la Federación Española de Agencias de Viaje, la Asociación de Líneas Aéreas o la Mesa del Turismo, a los que los hechos se emperran en darles la razón cuando menos la desean: basta el anuncio de huelga para que los dos principales clientes turísticos de España, el Reino Unido y Alemania, se vean bombardeados por titulares de tabloide en los que se apela directamente a la «pesadilla» que será viajar a su país de veraneo predilecto en agosto. De «pesadilla» habla así el «Daily Mirror» británico, que pone los adjetivos más gruesos a un conflicto del que dan cuenta sin piedad en otros medios británicos de la tirada de «The Guardian», «Daily Mail» o «The Sun». Aunque más que sus adjetivos acogotan sus cifras: sólo del Reino Unido, que cada año manda a España a 5,3 millones de viajeros, podrían dejar de aterrizar 300.000 turistas. Y, según cálculos igualmente inextricables, casi el doble de alemanes estarían dispuestos a abortar su verano en una España convertida en ratonera aeroportuaria. De ello hablan en periódicos como el gigante sensacionalista alemán, el «Bild», cuya capacidad para cancelar reservas turísticas es más temida que la fecha concreta de la huelga de controladores. «Es que con lo que dejará de ingresar con esta huelga algún gran touroperador se pagaría el sueldo de mil controladores», ilustra de forma gráfica Pedro Iriondo, el presidente de Fomento del Turismo, la plataforma que aglutina al empresariado de la principal playa de Alemania: Mallorca.

El problema ahora para Fomento es que los controladores conocen su poder. Y lo ejercen como nadie. Saben que la amenaza difusa de una huelga sin fechas concretas puede hacer más daño sobre las expectativas turísticas que una convocatoria transparente condenada a un 100% de servicios mínimos. Y con eso juegan. De ahí la ambigüedad que ayer siguió a la aprobación con un 98% del paro de controladores. «Convocaremos la huelga cuando lo creamos necesario y oportuno», apuntaba críptico en la fecha y revelador en las intenciones el portavoz de la directiva del sindicato de controladores, Daniel Zamit, que como el resto de la cúpula de Usca sabe que más deseable que una huelga impopular es forzar al Gobierno a sentarse a negociar con la presión de una amenaza de pérdidas multimillonarias para la economía española. Por eso el secretismo en la fecha de convocatoria coincide con declaraciones de los portavoces del sindicato que apuntan a un caos total: «Pueden poner servicios mínimos del 100%, pero nosotros movemos los aviones. Y con huelga no se trabaja igual. No moveremos ni la quinta parte que un día normal», abundan. Por un lado, ambigüedad; por el otro, garrote. El resultado es un pánico que extraña poco. Lo explica el portavoz de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes: «Esta huelga pone en peligro miles de puestos de trabajo en el turismo». Y eso es algo que no se puede permitir el país del paro.

l ¿Decreto a destiempo? De ahí que en puntos tan distantes de España turística como Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana se cuestione desde el empresariado el empeño del Gobierno en presionar a los controladores justo en agosto. «No nos iba el negocio en un mes, después de años sin acuerdo», apunta Pilar Carbonell, en la Asociación de Restauradores de Baleares, en la que recuerdan que aún no hay alternativa a los controladores civiles. Aunque la habrá. Fomento trabaja en ella desde hace un mes, pero los resultados aún tardarán semanas en verse: adiestran para ello a controladores militares, que se están formando para evitar que se repitan episodios como la colisión aérea que conmocionó a Francia en 1973 cuando el Gobierno sustituyó a controladores civiles por militares. El modelo no es así Francia, sino Reagan, el único que hasta hoy le ha doblado el brazo al colectivo más corporativista de la función pública.