El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado no competente para investigar las denuncias interpuestas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA contra los controladores aéreos por abandonar sus puestos de trabajo los días 3 y 4 y las ha remitido a la Fiscalía de Madrid.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que rechaza la admisión a trámite de las denuncias presentadas por las dos organizaciones de consumidores y remite las diligencias a la Fiscalía Provincial de Madrid "dirigidas a conocer las circunstancias en las que se produjo el abandono masivo del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos, así como la identidad de quienes procedieron en tal sentido".

Moreno, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, considera que los delitos de sedición, abandono de destino, falsedad documental -si se demuestra que los controladores aportaron informes médicos sin estar realmente justificados- y coacciones no son competencia de la Audiencia Nacional.

"En modo alguno los referidos hechos pueden ser objeto de tipificación, siquiera indiciariamente, en alguno de los supuestos delictivos comprendidos en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), determinante de la competencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y, consiguientemente, de los Juzgados de Instrucción", sostiene el juez.

Asimismo, y tal y como esgrimió "acertadamente" el Ministerio Fiscal, considera adecuado enviar las denuncias a la Fiscalía de Madrid, ya que es el órgano que se halla tramitando diligencias de investigación sobre la actuación de los controladores.

Las denuncias están dirigidas contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y contra "los que se demuestren colaboradores u organizadores" del abandono de los puestos de trabajo de los controladores, así como contra las demás personas que aparezcan relacionadas como "autores o cómplices".

Para las asociaciones, el abandono masivo de los controladores de su puesto de trabajo obedece a una huelga encubierta, "claramente dirigida", que provocó la cancelación de 2.710 vuelos y que 600.000 pasajeros se vieran afectados.