La Mesa del Congreso mantiene el pulso institucional con el Gobierno y ha rechazado hoy por mayoría detener la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de paralización del calendario de implantación de la LOMCE, lo que aboca al Ejecutivo a un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
El pasado 18 de noviembre, el Gobierno solicitó por escrito a la Mesa del Congreso que reconsiderara su decisión de iniciar la tramitación de esa proposición de ley sobre la Ley de Educación y otra de modificación del Estatuto de los Trabajadores, petición que ha sido denegada hoy.
Por contra, el órgano de Gobierno de la Cámara baja ha acordado con el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos, aplazar hasta una nueva reunión su decisión sobre el veto que también ha presentado el Ejecutivo a la proposición de ley que pide una subida de las pensiones del 1,2 por ciento para el año que viene.
La Mesa ha dado un plazo de quince días al Gobierno para que aporte información adicional sobre las razones de su oposición a una medida que el Ejecutivo ya considera que acarrearía un coste de 1.150 millones de euros.
Fuentes del PP han recordado que el Gobierno socialista se opuso en 2010 a varias iniciativas de los grupos que también reclamaban una subida unilateral de las pensiones y la Mesa, entonces, aceptó el criterio del Ejecutivo.
En la reunión de hoy, la Mesa -en la que tienen representación el PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- también ha analizado un informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre si tiene capacidad para levantar los vetos del Ejecutivo a las proposiciones de los grupos.
Ese informe reconoce al Ejecutivo su prerrogativa constitucional a oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios, aunque también la capacidad de la Mesa a levantar esos vetos si considera que son "arbitrarios" o insuficientemente razonados.
Con este informe jurídico en la mano, la Mesa ha acordado rechazar el escrito de reconsideración del Gobierno sobre la LOMCE y la reforma del Estatuto de los Trabajadores, pero ha aceptado los vetos del Ejecutivo a otra docena de proposiciones de ley, según han indicado fuentes parlamentarias.
Toda esta discusión que se mantiene desde el inicio de la legislatura podría acabar con un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional al igual que ocurrió en la pasada legislatura cuando el Ejecutivo en funciones se negó a ser sometido al control parlamentario.
Fuentes del Gobierno ya han avanzado a EFE que en cuanto reciban formalmente la comunicación del Congreso contará con un plazo de un mes para presentar formalmente un conflicto de atribuciones ante el Constitucional.
El Gobierno ha dejado claro que su intención no es imponer sus tesis sino garantizar que una ley capital como son los presupuestos no quede modificada por otras normas de menor rango.
"Es una cuestión de trasfondo político y esperamos que la Cámara lo reconsidere", ha remarcado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha remarcado que se trata de una controversia jurídico-constitucional que es necesario resolver.
Fuentes de la Mesa han lamentado que el Gobierno ya dé por hecho que acudirá al Tribunal Constitucional recrudeciendo ese conflicto entre instituciones.
