Ciudadanos y PSOE comienzan a buscar un acuerdo para desalojar al presidente regional de Murcia y cruzan sus programas electorales para determinar aquellos puntos de coincidencia. El partido de Albert Rivera ratificó ayer la ruptura del pacto de investidura con el PP, por el que Pedro Antonio Sánchez se convirtió en jefe del Ejecutivo, con independencia del futuro judicial del presidente autonómico, que se despejará la semana próxima una vez que comparezca ante el juez en calidad de imputado por el "caso Auditorio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia citó a declarar a Pedro Antonio Sánchez como investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el concurso y la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, cuando era alcalde la localidad. La resistencia a dimitir incumple, según Ciudadanos, el compromiso de Sánchez de renunciar al cargo si era imputado.
El Ejecutivo de Rajoy considera que un acuerdo de PSOE, Ciudadanos y Podemos que sustente una nuevo gobierno en Murcia, como sugieren los socialistas, resulta "extraño". Así lo calificó ayer el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, al término del Consejo de Ministros. "No veo un acuerdo entre Podemos, Ciudadanos y PSOE para arrebatar el Gobierno de Murcia al PP, cuando, además, a éste le falta un escaño para la mayoría absoluta", asegura Méndez de Vigo, quien, en línea con la estrategia del PP, considera necesario esperar a que Pedro Antonio Sánchez declare el lunes próximo ante el juez.
Rajoy, protector
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, invitó ayer de nuevo al PP a buscar un candidato "limpio de corrupción" para mantener la estabilidad en Murcia. Rivera acusa a Mariano Rajoy, de querer "proteger al imputado".
El antecesor de Pedro Antonio Sánchez en la presidencia del Gobierno de Murcia, Alberto Garre, asegura que, con el propósito de evitar la situación que ahora se da, advirtió hace ya unos meses a Rajoy, a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría de que el actual jefe del Ejecutivo regional podía ser llamado a declarar como investigado. "Todo esto que está ocurriendo era previsible y evitable porque así se lo hicimos saber a Mariano Rajoy. Le dijimos que iba a pasar y ha pasado, pero nadie nos ha dado una explicación de por qué no se evitó y nos hubiéramos ahorrado este carnaval que se ha montado", afirmaba ayer Garre en un entrevista televisiva.
El PP propone abordar una reforma legal que impida el uso "espurio" que, según su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, hacen los partidos políticos de la acusación particular para "tratar de ganar por vía judicial lo que no consiguen en las urnas". Con ello se evitarían situaciones como la de Murcia, donde el PSOE ya perdió 81 demandas, según el portavoz popular.
