Manuel García Castellón, el juez que instruye el "caso Lezo" en la Audiencia Nacional, imputó ayer a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que figuran Pedro Calvo y Juan Bravo (ahora presidente de Adif), consejeros del Gobierno del expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
De esta forma, el juez atiende la petición que le cursó la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido la imputación de una veintena de personas.
Entre ellas se encuentran también el que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, y de Pablo López de las Heras y José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.
