Junts per Catalunya (JxC) y ERC pretenden hacer presidente de la Generalitat al recluso Jordi Sànchez. Puigdemont lo confirma desde Bélgica: si el Parlament no le renueva la confianza, se hará a un lado. Paralelamente, el libertador asume que el Govern que se forme deberá "gestionar la autonomía y continuar desarrollando la república catalana". Él invierte el orden de los empeños, pero el uso de la palabra proscrita es revelador: significa que hasta Puigdemont sabe que se ha abierto otra etapa. Lo confirma la CUP, que ve a republicanos y junteros carentes de "voluntad republicana", buscando la restitución de la autonomía.
Después de semanas de negociaciones, JxC y ERC se preparan para hacer público un acuerdo de investidura. ¿Con cuánto recorrido? Probablemente sólo unos meses, y no con Sànchez sino con Jordi Turull al timón, porque disfruta de libertad condicional y podría desempeñar el cargo hasta que sea inhabilitado o condenado en el juicio que comenzará en otoño.
La investidura de Sànchez depende del juez Llarena, quien muy probablemente prohibirá al "número dos" de la lista de JxC acudir al Parlament, pese al precedente del etarra Yoldi en 1987. El enfrentamiento está servido: los derechos de representación de un diputado electo, en prisión preventiva pero aún no procesado, frente a los riesgos de reiteración delictiva y agitación callejera que esgrime el instructor del Supremo.
Puigdemont cuenta con que Llarena impida a Sànchez asistir al pleno de coronación. De hecho, casi prefiere que así sea para seguir tensando. Y tensará todo lo que pueda con el argumento de que el Gobierno vulnera los resultados del 21-D. Sin embargo, al hacer hincapié en la necesidad de "gestionar la autonomía" (que no el autogobierno) sugiere que, librado ese combate, ordenará pasar el testigo a Turull (que abjuró de todo lo abjurable para poder salir de la cárcel), mientras él regenta en Waterloo el hotel republicano del "espacio libre de Bruselas".
Entre tanto, ERC espera su turno. Si la opción Sànchez no prospera y la de Turull fenece, los republicanos intentarán colocar a uno de los suyos. Y ahí puede abrirse otra etapa de tensiones entre las dos grandes fuerzas soberanistas, pues JxC pujaría seguramente por Elsa Artadi, que no tiene cuentas pendientes con la justicia, y Esquerra por Junqueras o Marta Rovira. O por un tapado, ya que el mosén está en prisión y con menos visos de salir que Sànchez, y la plañidera en libertad bajo fianza de 60.000 euros.
La semana pasada, JxC quería que la Vicepresidencia fuera sí o sí para Junqueras (y así mantener vivo el enfrentamiento con el Gobierno), pero ERC exigió tener libertad de elección, lo que hizo pensar inmediatamente en la secretaria general. Pero no está claro: el hábil y discreto portavoz republicano, Sergi Sabrià, se ha cuidado muy mucho de dar nombres, pues si es verdad que el partido no quiere más contenciosos judiciales y sí un Govern efectivo, que permita levantar el 155, deberá renunciar tanto al primero como a la segunda.
