La abstención de todos los partidos que apoyaron la moción de censura menos uno (el PNV) infligió ayer al Gobierno su primera gran derrota parlamentaria. El Congreso rechazó la nueva senda de consolidación fiscal, la base para elaborar los Presupuestos de 2019, en los que, sin embargo, el Ejecutivo anunció que seguirá trabajando, bien que con los objetivos de déficit del Gobierno de Mariano Rajoy, los únicos que ahora mismo cuentan con el beneplácito de las Cortes.

Votaron en contra PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y UPN y se abstuvieron Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias.

Los dos partidos independentistas catalanes argumentaron que la ampliación del margen de gasto es insuficiente y reclamaron al Gobierno que, tal como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria, en un mes presente una nueva senda de consolidación fiscal, pero "más expansiva".

La senda propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez prevé objetivos de déficit del 1,8% del PIB para 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021. Las aprobadas por las Cortes a propuesta de Cristóbal Montoro son del 2,2%, el 0,3% y superávit, respectivamente.

Traducida a cifras, esta relajación de la senda de déficit hubiera representado cinco décimas más de margen, unos 6.000 millones más para gastar, distribuidos así: una décima para el Estado (cerca de 1.200 millones), dos décimas para las autonomías (unos 2.500) y otras dos para la Seguridad Social (otros 2.500).

Durante el debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a llevar al Parlamento la senda de déficit "las veces que haga falta", pero advirtió que será la misma o muy parecida. A su juicio, no tiene sentido que la UE flexibilice unas metas para que el Gobierno "le quite recursos a los ciudadanos".

En cuanto al límite de gasto no financiero (techo de gasto), Montero llevó al Congreso una propuesta de 125.064 millones para 2019, un 4,4% más que en 2018. El techo de gasto no se vota, pero acompaña a las metas de déficit, y la Ministra consideró que el rechazo de éstas no le afectará demasiado si finalmente hay que asumir los objetivos más restrictivos del PP (los que tienen la aprobación de las Cortes) porque en la senda de consolidación fiscal propuesta por el PSOE al Estado sólo le correspondía una décima más de gasto, que puede compensarse con otros ingresos.

La portavoz, Isabel Celaá, no cerró la puerta a modificar la ley de Estabilidad, que al ser orgánica excluye la vía del decreto. La norma, creada por el PP en 2012, no prevé que una ley aprobada en el Congreso pero rechazada en el Senado vuelva a la Cámara baja para una nueva lectura, lo que sí ocurre con la ley de Presupuestos.