El excomisario José Villarejo seguirá en prisión, pese a su tentativa de influir en su situación con la filtración de las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante de Juan Carlos I, lanza diversas acusaciones contra el Rey emérito. Así lo ordena un auto del juez del "caso Tándem", Diego de Egea, quien impone a Rafael Redondo, "hombre de confianza" del excomisario, una fianza de un millón de euros.
El juez considera que Villarejo y Redondo facturaron más de 5,5 millones de euros a través de varias "sociedades instrumentales" que únicamente utilizaron para "canalizar capitales de presunto origen criminal" que después invertían en España y en el extranjero.
Según el juez, esas sociedades "no producían valor real alguno" y eran utilizadas para encauzar los ingresos que obtenían en concepto de "consultoría, inteligencia y vigilancia", denominación bajo la que, explica Egea, se englobaban actividades consistentes en hacer "informes de carácter personal que se interesaban por otras personas".
El juez cree que Villarejo tuvo una "intervención medular" en los hechos, por lo que considera que la medida de prisión sigue siendo "absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos", que van desde pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo hasta descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.
