Después de sucesivos aplazamientos, la vista oral por la intentona secesionista catalana de 2017 comenzará el próximo martes en el Tribunal Supremo. Será la primera vez que se vea sentados en el banquillo de los acusados a los principales líderes del soberanismo catalán. Son doce antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, encabezados por el exvicepresidente Oriol Junqueras, acusados nueve de ellos -los que están en la cárcel- por rebelión, otros tres por desobediencia y todos ellos por malversación. Pero el banquillo no está al completo: faltan Carles Puigdemont, quien entonces presidía el Ejecutivo catalán, y otros cinco miembros de su gabinete, huidos de la justicia tras la proclamación de la república.

La causa abierta por el juez Llarena contra el proceso soberanista hará historia en el Supremo por su alcance público, las repercusiones políticas y sus magnitudes. Pasaron ya 15 meses desde que la querella de la Fiscalía General del Estado del 30 de octubre de 2017 abriese el procedimiento. La vista oral estaba prevista inicialmente para el otoño pasado, pero los sucesivos alargamientos de plazos han postergado su inicio hasta el 12 de febrero. Esos antecedentes amenazan con pulverizar el nuevo calendario y la estimación de que en tres meses pueda estar finalizada la vista oral. Las defensas lo dudan y los siete magistrados que integran el tribunal amenazan con ampliar el número de sesiones semanales si perciben tácticas dilatorias por parte de los abogados. Las primeras jornadas están fijadas, esta semana y la siguiente, de martes a jueves, para facilitar que abogados y familiares tengan margen de tiempo para desplazarse a Barcelona los fines se semana y preparar las defensas. Si la vista se alarga, las sesiones, de diez de la mañana a seis de la tarde, serán de lunes a jueves.

La sede del Supremo ha sido adaptada para el juicio y tendrá su seguridad reforzada con el despliegue de 200 antidisturbios. Están citados casi 600 testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y hay acreditados otros tantos periodistas, de los que sólo una veintena podrá acceder a la sala. El resto seguirá las sesiones desde un local anexo, hasta el que llegará la misma señal que permitirá ver las sesiones televisadas.

Sólo 100 personas, al margen de quienes intervienen en la vista, podrán estar en el interior de la sala. Dos familiares por cada acusado tendrán un espacio reservado. Habrá además dos traductores a disposición de los acusados por si desean declarar en catalán. Algunos de ellos pidieron traducción simultánea, a lo que el tribunal no dio respuesta.

Los nueve presos independentistas en Soto del Real (los hombres) y Alcalá-Meco (las dos mujeres) madrugarán cada día para ser trasladados al Tribunal Supremo a las siete y media de la mañana. Para evitar otros desplazamientos, al mediodía los acusados comerán un menú caliente de un catering contratado por Instituciones Penitenciarias. Al final de la jornada, volverán a sus celdas en los módulos de respeto, donde tienen autorización para disponer de un ordenador sin conexión a internet.

Todos los reclusos recibieron ayer la visita del president Joaquim Torra, quien el próximo martes será recibido en el Supremo con arreglo a su condición de autoridad institucional, para asistir a la primera sesión de la vista oral del largo proceso.