La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que, una vez que tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra el presidente de la Generalitat Quim Torra por ignorar los requerimientos de la Junta Electoral Central.

La Fiscalía ha informado de la decisión de Segarra, adoptada a pesar de que el Govern de la Generalitat ha retirado hoy los símbolos políticos que la Junta Electoral le había exigido quitar durante el día de ayer.

El Ministerio Público no especifica el delito por el que se interpondrá la querella, pero el "incumplimiento consciente y reiterado" de los acuerdos de la Junta Electoral encaja en el tipo de desobediencia, que podría acarrear la inhabilitación del jefe del Govern.

La Junta Electoral Central decidió ayer comunicar a la Fiscalía el incumplimiento por parte de Torra de sus acuerdos de los días 11 y 18 de marzo para que estudie las posibles responsabilidades penales. En el expediente de la JEC entregado al Ministerio Público, se expone y detalla el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte del presidente catalán de los acuerdos de la Junta.

Hoy, la Fiscalía General ha remitido el acuerdo a la Fiscalía de Cataluña, a la que compete estudiar el caso por tratarse de un aforado y de un delito cometido en el territorio de la comunidad autónoma.

Y lo ha hecho con la orden de que, una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, proceda a ejercitar acciones penales y a interponer la correspondiente querella.

Según han informado fuentes fiscales, el expediente entregado a la Fiscalía por parte de la JEC incluye toda la documentación que se ha producido a lo largo de estos diez días en los que Torra se ha negado a llevar a cabo las ordenes de la Junta. También se aportan las comunicaciones que este órgano ha enviado al presidente de la Generalitat y la que, a su vez, éste ha remitido al organismo de control.

Acuerdos de la JEC

En el primer acuerdo, la JEC daba a Torra un plazo de 48 horas para que ordenase la retirada de todas las banderas 'esteladas' y lazos amarillos de los edificios públicos con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril.

Torra retira la pancarta de la Generalitat

Torra retira la pancarta de la Generalitat. Agencia ATLAS / EP

Tras la negativa el presidente catalán, el órgano supervisor de procesos electorales dio un 'ultimátum' y le advirtió de "las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumple estrictamente" este acuerdo.

Asimismo, la JEC anunció la apertura de un expediente sancionador por no haber accedido a cumplir las órdenes, que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros y ordenó a la Consejería de Interior para que encargue a los Mossos la retirada de las pancartas de los lazos amarillos y las 'esteladas'. Además, acordó enviar las diligencias al Ministerio Público por las responsabilidades penales en que haya podido incurrir Torra.

Una vez que el informe de la JEC ha sido recibido, la Fiscalía General del Estado ha procedido a remitirlo a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña "a fin de que, una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, se proceda a ejercitar acciones penales, interponiendo la correspondiente querella".

Posible delito de desobediencia

Aunque aún no se ha concretado el delito, la negativa de Torra, que se encuentra aforado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, podría encajar en un delito de desobediencia.

El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Se trata del delito por el que fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau-por sentencia del TSJ de Cataluña posteriormente rebajada por el Supremo- y el exconsejero Francesc Homs, que fue juzgado en el Supremo por su condición de diputado nacional cuando se inició el proceso judicial.

Querella contra el jefe de gabinete de Torra

Por otra parte, la Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el director de la Oficina del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Joan Ramon Casals (PDeCAT), por presunta desobediencia al ceder locales para el 1-O en su etapa como alcalde de Molins de Rei (Barcelona).

Según ha informado el Ministerio Público este viernes, también se ha querellado contra el alcalde de Collbató (Barcelona), Miquel Solà (ERC), por presunta desobediencia por ceder un local para la votación a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) la había suspendido.

Por otro lado, la Fiscalía de Barcelona ha archivado las diligencias de investigación relacionadas con el 1-O relativas a los entonces alcaldes de Badalona, Sant Vicenç dels Horts, Masquefa, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Olesa de Montserrat y Montgat.