El acuerdo con EH-Bildu para la derogar la reforma laboral del PP hizo aflorar ayer con estrépito todas las sensibilidades políticas que cobija el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, defendió el pacto en la integridad de sus términos (derogación total y acelerada de las modificaciones de 2012), con la advertencia expresa de que todos los firmantes están comprometidos con su cumplimiento. En un duelo de altura, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, certificó en público que ella se ocupó de que el PSOE diera marcha atrás en lo suscrito al calificar de "absurdo y contraproducente" abrir ahora el debate sobre la legislación laboral. En la "nota aclaratoria" de los socialistas a medianoche, que hizo todavía más sorpresivo el pacto, están los términos auténticos del acuerdo, defendió el ministro Ábalos: no será una abolición total sino sólo afectará los aspecto "más lesivos" de la reforma. Las matizaciones fueron insuficientes para atajar un estallido que complica la estabilidad del Ejecutivo, tocado ya por una progresiva precariedad.

A última hora del miércoles se abrió el tercer frente para Pedro Sánchez: el interno. La legislatura salió tocada del pleno del Congreso en el que se aprobó la quinta prórroga del estado de alarma con la constatación de que nada queda del "espíritu de la investidura", afirmación con la que Gabriel Rufián, anticipa que los socialistas tendrán difícil en el futuro contar con el apoyo, activo o pasivo, de ERC. Es el segundo frente. El distanciamiento de quienes contribuyeron a hacer a Sánchez presidente coincide con la beligerancia del PP y Vox en su punto álgido. Ese es el primer frente, en el que los populares operan convencidos de que la crisis sanitaria y sus coletazos económicos acabarán por tumbar al Ejecutivo.

"Con la realidad que tenemos sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica". La vicepresidenta Calviño desautorizaba ayer en estos términos, sin paños calientes, un acuerdo al que el presidente Sánchez no es ajeno, como mostró durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma al agradecer de manera anticipada la abstención de Bildu. La responsable de Asuntos Económicos, uno de los principales enlaces del Ejecutivo con Bruselas en un momento de total dependencia de la ayuda europea, apoya su afirmación en la caída del PIB, estimada en el 9 %, en los tres millones de trabajadores afectados por un ERTE y en el "sustancial aumento de la pobreza" que dejará la pandemia. "Los contribuyentes nos pagan para resolver problemas y no para crearlos", remató Calviño su desacreditación del acuerdo.

En otro lado del espectro del Ejecutivo, el vicepresidente Pablo Iglesias (quien ayer fue reelegido líder de Podemos con más del 92% de los votos) defendió los términos de lo suscrito como la concreción del acuerdo general que abrió paso al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en el que "no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral". Iglesias mantiene la literalidad de lo suscrito con Bildu y el compromiso que conlleva: "Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)".

El pacto tiene una repercusión tan amplia como cuestionable es su utilidad. La intención inicial era contener que la resistencia de EH-Bildu a la prórroga del estado de alarma no fuese más allá de la abstención. Esa ganancia resulta nimia después de que la pretensión del Ejecutivo salieran adelante con quince votos más a favor que de rechazo, lo que indica que había margen para garantizar la medida aunque los abertzales se sumaran al frente del "no". A cambio de ello, el efecto del acuerdo es arruinar el diálogo social apenas unos días después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de UP, presentase como uno de sus grandes logros la aquiescencia de los agentes sociales en mantener la vigencia de los ERTE hasta el 30 de junio con posibles prórrogas.

Otro de los efectos colaterales es el distanciamiento que genera con el PNV, aliado preferente de los socialistas y que, con tensiones y contrapartidas previas, siempre responde a las demandas de auxilio del Ejecutivo. El acuerdo con el PSOE y UP incluye cláusulas sobre margen de gasto de entidades municipales, forales y autonómicas, además de flexibilizar las posibilidades de endeudamiento del País Vasco y Navarra, que servirán a los abertzales como soporte de la campaña ante las elecciones autonómicas del 12 de julio. En el espeso silencio con que los nacionalistas vascos acogieron el acuerdo, la reconvención a los socialistas llegó de boca de su exdiputado Iñaki Anasagasti: "No se puede bailar con cuatro chicas en el mismo baile". En el mismo contexto de esa vuelta sobre las elecciones vascas aplazadas en abril, la frialdad y el distanciamiento de la líder PSE, Idoia Mendia, ante un acuerdo, cuyos términos aseguró desconocer, revela que el pacto deja danmificados en las propias filas socialistas.