El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto la lupa en tres adjudicaciones de obra pública en 2003 y 2006 al apreciar coincidencias con donaciones registradas en la contabilidad B del PP que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas.

El magistrado acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Efe este jueves, una serie de diligencias encaminadas a conocer los entresijos de esos contratos públicos, tal y como le reclamó en ese sentido la Fiscalía Anticorrupción.

El instructor cree que Bárcenas, su antecesor ya fallecido Álvaro Lapuerta y el cabecilla de Gürtel Francisco Correa, "definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".

Para ello, "se pusieron de acuerdo con distintos empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo en la sede del Partido Popular, en calidad de aparentes donaciones".

A lo largo de la investigación se ha detectado "una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas".

"En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación", sostiene.

Así, Bárcenas actuaría como intermediario "entre grandes empresas y la Administración para lograr un trato de favor hacia las mismas obteniendo a cambio una comisión que repartió entre los partícipes y la propia formación política".

Uno de estos contratos, según el auto, es el de conservación de la 'EDAR La Gavia', para el que Bárcenas "puso en contacto" al empresario Rafael Palencia con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007, entidad adjudicataria, si bien finalmente no obtuvo la misma en el año 2007 como lo había conseguido en el año 2006.

El otro es la redacción del proyecto de construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de la 2ª fase de la EDAR 'Monte Boyal', en Casarrubios del Monte (Toledo), adjudicada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) del Ministerio de Fomento en abril de 2003.

En esta adjudicación se percibe "una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad gestionada" por Bárcenas "equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA".

El tercer contrato es uno servicios de explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la ciudad de Madrid.

Se trata de la Depuradora Viveros de La Villa adjudicada por el Canal de Isabel II en 2006, "existiendo una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad gestionada" por Bárcenas.

Por todo ello, el juez reclama toda la documentación relacionada con esas dos últimas adjudicaciones a SEPES, y al Canal de Isabel II, al que le pide específicamente "documentación justificativa de la exclusión de los licitadores Veolia Agua y la Ute formada por Imes, Urbaser y Socamex".

El contrato adjudicado por el Canal de Isabel II se excluyó a dos licitadores, según deja constancia la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a la Fiscalía Anticorrupción en un informe del 27 de octubre donde apuntaba la necesidad de requerir documentación a la empresa pública sobre los licitadores que presentaron ofertas.

De la misma forma, considera esta Unidad que falta información y un informe técnico respecto al contrato adjudicado por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) del Ministerio de Fomento en 2003, de cara a poder comprobar si la aplicación de los criterios técnicos y, por tanto, la adjudicación del contrato fue correcta.