Romeva justifica ante la jueza una subvención investigada por desvío de fondos para el procés

El 'exconseller' d'Afers Exteriors, Raül Romeva, justificó este miércoles ante la jueza que el expediente de la subvención de 40.000 euros en el 2016 a la entidad Focir, por el que está imputado por presunta malversación de fondos, contaba con el informe técnico de la Intervención General de la Generalitat que avalaba que podía tramitarse de forma directa y sin concurrencia pública. La fiscalía le acusa únicamente de este aspecto, aunque la togada, que instruye la causa por el supuesto desvío de dinero público para la causa independentista, le preguntó también sobre los cambios de criterio a la hora de otorgar esas ayudas, cuestión que dijo desconocer.

En la denuncia de la fiscalía por ese presunta malversación de fondos Romeva figura únicamente en un apartado y es el que describe la subvención su departamento concedió a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (Focir), una plataforma de entidades de promoción exterior de Cataluña. Según la acusación pública, se otorgó sin justificar la razón ni concurrencia pública. Fuentes de la defensa del exalto cargo precisaron que era en genera para las actividades del 2016 esa organización,

El 'exconseller' explicó a la jueza no solo que el expediente contaba con los informes técnicos y de evaluación contable preceptivos, sino que no tuvo conocimiento del definitivo de la Intervenció General cunado ya no ocupaba el cargo porque estaba encarcelado en la cárcel de Estremera (Madrid) por la causa del procés del Tribunal Supremo, que concluyó con su condena de 12 años de prisión. Por lo tanto, subrayó, se limitó a firmar, desconociendo a que se destinaron finalmente los fondos.

Arropado por Junqueras y varios diputados

Romeva estuvo arropado en su entrada en la Ciudad de la Justicia de Barcelona por Oriol Junqueras, otros diputados de ERC y la CUP, así como por el presidente de Omnium, Jordi Cuixart, y un representante de Junts.

Otro de los imputados citados para este miércoles, Aleix Villatorio, ex secretario general d'Afers Exteriors, se ha acogido a su derecho a no declarar por el conflicto de competencia que existe entre dos juzgados de Barcelona, el de Instrucción 18, en el que debía ser interrogado, y el de Instrucción 13, que instruye el proceso por los preparativos del 1-O y la creación de las denominadas estructura de Estado. La decisión de que finalmente se unifican o no las dos causas está pendiente de los recursos presentados por las defensas en la Audiencia de Barcelona.

La investigación deriva de una denuncia que la fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial, y se centra en once contratos y subvenciones otorgadas entre 2012 y 2017 por un valor de 972.228 euros. En este proceso ya han declarado varios imputados y testigos.

Fuente: El Periódico