El Ministerio de Transición Ecológica sí consultó a la Junta de Extremadura sobre la concesión de la presa de Valdecaballeros

Continúa la polémica en torno a la demolición de la presa de Valdecaballeros. El Ministerio para la Transición Ecológica sí consultó a la Junta de Extremadura, pero según alega ahora el Ejecutivo autonómico, "única y exclusivamente" sobre la extinción de los derechos de agua de Endesa e Iberdrola, "sin alusión al posible derribo de la presa". El desconocimiento es uno de los principales argumentos en los que se sustenta el recurso de alzada que la Junta ha presentado para evitar el derribo del dique, que ha causado mucha preocupación y oposición en los municipios del entorno.

En la resolución que da luz verde a la demolición, del pasado 7 de marzo, el Ministerio indica que solicitó dos informes a la Junta de Extremadura, concretamente a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y la Dirección General de Sostenibilidad, ambas dependientes de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. La propia Junta reconoce en el escrito de su recurso de alzada que esta petición se realizó el 30 de marzo de 2021 (apenas un mes después de que las titulares de la presa, Endesa e Iberdrola, solicitaran la extinción de los derechos de concesión) y que el ministerio le dio un plazo de dos meses "a fin de que informe lo que estime oportuno en materia de su competencia".

Sin embargo, el Gobierno regional aclara que esta petición se refería "única y exclusivamente" al expediente de extinción de los derechos de una concesión de aguas, "sin alusión alguna ni constancia del posible derribo de la presa de Valdecaballeros", y que por tanto a eso se ajustó su respuesta. El derribo del dique, siempre según la Junta, "se deduce" mucho después, en la propia resolución del 7 de marzo de 2023, a partir de los escritos incorporados al expediente por la Asociación AEMS-Ríos con Vida, Ecologistas en Acción y el Club Deportivo de Cazadores y Pescadores 'Peña de la Cruz' de Béjar (Salamanca), que presentaron alegaciones en el trámite de información pública al entender que la desaparición de la presa es la mejor fórmula para recuperar el río.

Restituir el dominio hidráulico

Esta presa, levantada sobre el río Guadalupejo, se construyó para la refrigeración de la central nuclear de Valdecaballeros pero nunca cumplió su función, al no haberse puesto en marcha tras la declaración de la moratoria nuclear de 1984. Las concesiones de aprovechamiento hidráulico se concedieron en 1982 a las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, y seguían vigentes hasta la fecha. En febrero del año 2021 renunciaron y automáticamente el organismo de cuenca (la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en este caso) tiene encomendada la tramitación de la extinción de la concesión.

El pasado marzo, fue el propio presidente de la CHG, Samuel Moraleda, quien explicó en unas declaraciones a los medios que el Ministerio había autorizado el derribo de la presa porque cuando se extingue una concesión de agua hay que restituir el Dominio Público Hidráulico, de forma que esa restitución "conlleva la demolición de la presa". De hecho, según Moraleda, cuenta con todos los informes favorables tanto de la Abogacía del Estado como del Consejo de Estado. Y aseguró, además, que el derribo no afectará al abastecimiento de agua de Valdecaballeros, Castilblanco o Alía.

La Junta se opone

Preguntado por el asunto, el consejero portavoz, Juan Antonio González, ha respondido tajante este miércoles que "lo que la Junta de Extremadura tenía que hacer ya lo ha hecho" con la presentación del recurso de alzada. "No empecemos a qué se hizo en aquel año, qué no se hizo, qué se hubiera hecho, qué no se hubiera hecho... porque si empezamos a darle vueltas no vamos a ningún lado", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

González ha reiterado que el Ejecutivo extremeño se opone "frontalmente" al derribo de la presa, una postura "ya avanzada hace semanas" y que culminó este martes con el registro del recurso de alzada ante el Ministerio de Transición Ecológica. "Estamos seguros de que va a prosperar y lo vamos a evitar porque no tiene sentido ninguno", ha repetido.

Según informa la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el plazo del Ministerio para resolver el recurso de alzada es de tres meses. El ministerio puede estimar, desestimar o inadmitir el recurso, una decisión que en cualquier caso agota la vía administrativa. Si no se admite o se desestima, la Junta puede iniciar la vía judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo, para lo cual dispone de un plazo de dos meses desde la resolución del ministerio.

El recurso de alzada se justifica en tres razones: la nulidad del procedimiento y la invalidez formal de la resolución del 7 de marzo, al entender la Junta que no ha sido consultada sobre el derribo pese a ser parte interesada como titular de los terrenos; el daño ambiental que produciría, al situarse el embalse en la Zepa Puerto Peña-Los Golondrinos, la reserva de la biosfera de La Siberia y el propio corredor ecológico del río Guadalupejo; y en última instancia, por la necesidad de agua.

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