R. VALLE
El PP ha unido fuerzas con representantes sindicales de la Policía Local, más en concreto con el SIPLA como sindicato mayoritario, en la defensa del agente gijonés expedientado por abandonar su puesto de trabajo sin el conocimiento de los superiores. Se trata del agente que llevó al juez a los responsables municipales de Seguridad Ciudadana por un presunto delito de cohecho y prevaricación en el conocido como caso del «ciclista socialista». El juez archivó hace unos días esa denuncia. En la notificación del expediente al agente se establece que abandonó su puesto de trabajo sin conocimiento de sus superiores para desplazarse hasta la Comisaría de la Policía Nacional para presentar la denuncia.
«Los responsables policiales coinciden con nosotros en que se trata de un procedimiento muy exagerado», explicó el edil popular José Gabriel Díaz. El PP solicitará formalmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana que se retire este expediente sancionador al tiempo que los representantes sindicales del SIPLA también han comprometido medidas para minimizar las consecuencias de este expediente que puede acarrearle al agente sanciones muy graves.
«Nos parece una represalia contra un trabajador y una forma de amedrentar al resto. Es muy grave que los responsables políticos de este Ayuntamiento intenten ejercer un control absoluto y para ello vayan contra el funcionario que discrepe», explicó el edil popular, quien resaltó la amplia trayectoria profesional del agente y el hecho de que no abandonara un puesto fijo de trabajo sino una zona de supervisión.
En el origen de esta enrevesada polémica policial, política y administrativa se encuentra la denuncia pública de un joven ciclista, Roberto Díez, que el pasado 8 de mayo fue sancionado por este agente policial con tres multas con una cuantía de 552 euros y la pérdida de 9 puntos de carné cuando transitaba en bicicleta por la calle Corrida. Un día después, responsables de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, más en concreto José Luis Ramón, se reunían con el ciclista para pedirle disculpas y limitar la trascendencia de la multa al considerar que se había dado un error informático.
Esta actuación llevó al Policía a denunciar ante el juez a sus superiores, y al PP, en plena campaña electoral, a denunciar ante los medios de comunicación un presunto trato de favor del gobierno municipal gijonés con el joven ciclista por su condición de miembro de la candidatura socialista al Ayuntamiento leonés de Santovenia de la Valdoncina. Fue el ex edil popular Juan Carlos Santos quien popularizó la expresión «ciclista socialista» para nombrar el caso.
