A. R.
Un vecino de Gijón fue la segunda persona investigada en Asturias en el contexto de la «operación Penalty», la intervención policial llevada a cabo en Europa en torno a la pornografía infantil. La operación fue dada a conocer el pasado mes y llevó al suicidio a un profesor avilesino, al constatarse que almacenaba la mayor cantidad de imágenes pornográficas que se había descubierto en España en poder de una sola persona.
En el caso del gijonés, cuyo domicilio fue registrado un día antes de que se suicidase el docente avilesino, la Policía no llegó a detenerle, dado que en la inspección de su ordenador no se halló ningún tipo de archivo perseguido. Pese a los indicios iniciales de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía -obtenidos durante la prolija investigación llevada a cabo y que coordinó la Interpol-, en los que se vinculó el ordenador del gijonés con los registros de descargas de archivos con imágenes y contenido pornográfico infantil, el Juzgado archivó la imputación que pesaba sobre él. En su declaración a la Policía, el afectado siempre negó que hubiera realizado ningún tipo de consulta o que tuviera o hubiera distribuido material pornográfico infantil, bien fuera por error, curiosidad o casualidad.
Hay que recordar que en la «operación Penalty» la policía llegó a constatar que desde España se habían realizado unas 5.000 descargas de este tipo de archivos, asociadas a 85 usuarios, de los cuales 66 fueron detenidos.
