Hace tiempo que algunos nos veníamos empeñando en decir que había una gran burbuja inmobiliaria que pasaría factura al empleo, a los bolsillos de la ciudadanía y, por ende, a la economía española. Al igual que lo veníamos diciendo, otras muchas voces se empeñaban en aportar datos y proyecciones a miles de años vista para demostrar lo contrario, que ese mercado era seguro y que la demanda era casi infinita. Pero el tiempo da y quita razones. Paseando por las calles de casi cualquier ciudad española se puede ver en las ventanas la realidad plasmada en fríos carteles de «se vende» colocados hace ya muchos meses y que tal parecen condenados a cadena perpetua entre los cristales.
A veces es bueno tener una memoria a corto plazo y recordar que el momento en el que nos encontramos está originado por haber situado a la promoción de viviendas, al inerte y poco dinámico ladrillo, como el principal motor de la economía española durante los años de Gobierno del Partido Popular, quien convirtió este mercado en un refugio de la inversión y desarrolló una política de suelo que amparaba la especulación y que vino acompañada de una merma en la promoción de la vivienda pública.
Lo que toca preguntarse es cuánto peso tenía la burbuja inmobiliaria en el crecimiento económico y a costa de quién se generaba. Un breve análisis: durante el citado período de Gobierno, el sector inmobiliario convirtió las viviendas en artículos de lujo en vez de en un derecho de primera necesidad, aprovechándose además de la incorporación de la mujer al mundo laboral y, por tanto, del aumento de renta en las familias para que éstas pagasen mayores precios por la vivienda. A poco y a poco se fueron aumentando los suculentos beneficios que generalmente se quedaban en las grandes promotoras que, a su vez, retenían el suelo para de paso encarecerlo. Esta riqueza cautiva se generaba a base de recoger dinero proveniente de un sobreendeudamiento generado a través de hipotecas a cuarenta o más años. Grosso modo, este modelo de crecimiento económico para nada democratizaba la riqueza, sustentaba el sistema de clases y recortaba el consumo de las familias españolas. Este círculo vicioso generó una distorsión en la oferta y la demanda por la cual se acumularon miles de viviendas vacías como mera inversión, momento en el que el por entonces ministro Álvarez-Cascos afirmó que los pisos tenían esos precios porque había mucha demanda. Mentira.
Este ciclo se ha cerrado de golpe. El gigante de la construcción tenía los pies de barro y en su caída ha arrastrado a trabajadores y a empresas auxiliares del ramo, incluso a los registradores de la propiedad, que últimamente se quejan de la minoración en los emolumentos percibidos por las transacciones de vivienda. La mirada en positivo del ajuste en la construcción es que se configura como el duro inicio de un nuevo modelo económico basado en la diversificación sectorial, la innovación y la competitividad mucho más sostenible y equilibrado que el que empezamos a dejar atrás.
Volviendo al asunto de la vivienda, parece que la solución que convence a todos los implicados en el sector es realizar una oferta adecuada de vivienda protegida, ya que gracias a los límites establecidos en su precio final, controlado por la Administración, no se pueden cometer excesos, eso sí, tampoco errores, ya que los actuales precios están ajustados a una realidad y un desmesurado incremento de éstos haría poco atractivas las promociones públicas a los arrendatarios o compradores y seguramente no contentaría a todos los implicados.
Esta respuesta, que puede estar orientada desde la venta o el alquiler, fórmula muy damnificada hasta el momento pero actualmente una de las mejores soluciones, y ha de diseñar y dar respuestas estratégicas para resolver el problema de financiación, a través de un pacto entre los tres niveles de la Administración, las entidades financieras, los promotores y los gestores de cooperativas y todos aquellos intervinientes en el proceso de la construcción. En Gijón este tipo de intervenciones con amplitud de miras son una realidad desde hace tiempo. El plan de Roces, impulsado por el Ayuntamiento, facilita el acceso a la vivienda con precio final asequible. Si bien es cierto que, dada la buena acogida por parte de los demandantes de vivienda, seguramente será necesario continuar incidiendo en esta línea de promoción para dar respuestas y ayudar a regular este todavía «hot» complejo mercado para hacer mas accesible la vivienda a la par que se salvaguardan muchos puestos de trabajo.
