J. L. ARGÜELLES

El Gobierno de España no hará «ninguna propuesta firme», y tampoco la Comisión Europea (CE), para que El Musel se convierta en lugar de refugio y puerto de referencia para la gestión de buques siniestrados y con cargas peligrosas, según aseguró ayer el Ministerio de Fomento a través de un comunicado con el que matiza las manifestaciones hechas hace una semana en la tribuna del Congreso por su titular, José Blanco. «Además, Fomento quiere dejar claro, tras conversaciones con la Comisaría de Transportes de la Comisión Europea», señaló el Ministerio, «que ni la Unión Europea ni el Gobierno de España tienen intención de proponerlo para tal fin».

Fomento, de quien depende Puertos del Estado y, por tanto, El Musel, señaló que «desmiente rotundamente las especulaciones» suscitadas por la intervención del Ministro el pasado miércoles, día 14, en la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una interpelación de Pilar Fernández Pardo, diputada por Asturias del Partido Popular (PP), por el sobrecoste de 216 millones (sin IVA) que arrastra la ampliación de la dársena gijonesa. Blanco dijo entonces (ver la transcripción de sus palabras recuadradas en esta página) que el vicepresidente de la CE y comisario de Transportes, Antonio Tajani, uno de los líderes del Grupo Popular Europeo, le había transmitido su apoyo para que El Musel se convierta en lugar de refugio; es decir, en un puerto de acogida y gestión de barcos con carga peligrosa y con problemas para la navegación. Blanco puso entonces como ejemplo de las situaciones que podía gestionar el superpuerto asturiano la catástrofe del «Prestige», el petrolero que se hundió en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas provocando la mayor «marea negra» que ha padecido el litoral español.

Para Fomento, lo que hizo Blanco en esa intervención fue «detallar» el apoyo europeo a la ampliación de El Musel «ante las insinuaciones malintencionadas y sin fundamento que aseguraban lo contrario». La Dirección General de Mercado Interior de la CE tiene elaborado un informe en el que cuestiona la modificación presupuestaria del superpuerto asturiano, que considera irregular, una operación a la que le dieron el visto bueno los órganos competentes de la Administración española, entre ellos Puertos del Estado, y que tramitó en Bruselas el Ministerio de Economía. Aún esta pendiente de resolución otra denuncia interpuesta ante la OLAF, la Oficina Anticorrupción de la UE, por el sobrecoste de El Musel.

Según el Ministerio, nunca hubo propuesta firme para hacer de El Musel un puerto de refugio, pero en su comunicado admite: «Entre las razones que expuso el Ministro para demostrar que el proyecto de ampliación contaba con el respaldo de la Comisión Europea, apuntó la posibilidad de que, por sus características e importancia en esa zona estratégica de la fachada atlántica, pudiera figurar entre las propuestas para convertirse en "puerto refugio"». Es decir, y según se deduce de esta matización de Fomento a las palabras de Blanco en sede parlamentaria, la CE o el propio Ministerio han llegado a barajar en algún momento la posibilidad de que Gijón se pudiera convertir en lugar de refugio de barcos con mercancías peligrosas y en dificultades, según el consenso internacional para dar esa definición a los puertos de refugio. Veinticuatro horas después de publicar este diario, el pasado día 15, los planes para hacer de El Musel una terminal de acogida de casos como el del «Prestige», un portavoz de Fomento señaló que el Ministerio no seguiría con la propuesta adelante si encontraba «rechazo social». «Asturias no tiene nada que temer porque, si finalmente se rechaza, el plan se llevará a otra parte». Y más: «Los riesgos que tiene un puerto de referencia son los mismos que si no lo fuera, y si por su zona pasan barcos, hay el mismo riesgo y encima no se tienen equipos adecuados para prevenirlos».

Pero es Finisterre y el Estrecho de Gibraltar, no Gijón ni el Cantábrico, las zonas del litoral español con mayores tráficos de buques cargados de mercancías peligrosas: más de cien mil buques al año. Tras el «caso Prestige», el Gobierno de Aznar desistió de hacer un puerto refugio en La Coruña, una de las dársenas que, a juicio de los expertos, reúne condiciones de emplazamiento para ser lugar de referencia en la gestión de barcos siniestrados.

«La polémica que algunos han querido provocar con este asunto no tiene sustento real», concluyó Fomento, en referencia a un debate que abrió el propio Blanco.