Luján PALACIOS

La Federación de Asociaciones Rurales «Les Caseríes», el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) reclamarán ante los tribunales la paralización cautelar del plan territorial especial de residuos, que prevé la próxima creación de un centro de transferencia de residuos peligrosos en El Musel y la creación de la macroincineradora de Serín.

«Se ha empezado la casa por el tejado, y por eso, porque es una ilegalidad, acudimos ante la justicia para que tome cartas en el asunto», indicaban ayer María González-Portal y Antonio García, abogados de los grupos vecinales. El contencioso iniciado por el colectivo de Vega ya fue admitido a trámite el pasado día 7 de septiembre, y el resto de colectivos que apoyan la causa prepara ya sus contenciosos.

Los vecinos sostienen que, en primer lugar, Asturias debería contar con un plan autonómico de prevención y gestión de residuos, pero, en vez de ello, «el pasado mes de junio ya fue aprobado el plan territorial especial de residuos, que supondrá una ampliación de 4,5 millones de metros cuadrados de la superficie destinada a las basuras», denunciaba ayer Carmen Suárez, del colectivo de la parroquia gijonesa de Vega.

Tal como indica Suárez, «en el centro de tratamiento de El Musel se recibirán residuos muy peligrosos de todo tipo, salvo nucleares, y todo ello se ha estado tramitando sin contar con la ciudadanía». Por ello, llaman la atención del nuevo Gobierno, que «debe tener presente que todo esto se ha hecho de espaldas a las leyes, y que para actuar conforme a la legalidad, estos planes deberían ser anulados».

La preocupación vecinal también se hace eco de la reserva de varios miles de metros cuadrados en Serín para «nuevos vertederos», en los que «no sabemos qué tipo de residuos se albergará ni en qué cantidades», por lo que «es imposible que se puedan analizar las consecuencias ambientales; no hay estudios que puedan cuantificarlas», sostienen.

A todo ello se une la casi certeza de que a la incineradora de Serín, la segunda más grande de Asturias, ya en licitación, «podrán venir más basuras de fuera para hacer el negocio rentable», destacan los abogados de los vecinos.

Con todo ello, los colectivos en defensa del medio ambiente reclaman que se dé marcha atrás en los planes del Principado de manera inmediata, porque «las consecuencias para la salud, la actividad agraria, la economía y el entorno pueden ser de imposible o difícil reparación».

La Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) sopesa también iniciar acciones penales contra la Administración, dada la «gravedad enorme» de los planes de residuos puestos en marcha, como subrayó Domingo Goñi.