P. T.
«La perspectiva sancionadora es lo último, pero la educación es algo de largo recorrido. ¿Y mientras tanto qué? ¿Qué hacemos el sábado que viene con los miles de ciudadanos que no pueden dormir?». Así justifica Sergio Fernández, asesor de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, el régimen sancionador sobre el «botellón» que plantea Foro en el borrador de la ordenanza de convivencia, que, matiza, «es sólo un borrador de máximos, un punto de partida». De hecho, reconoce que «a lo mejor la redacción», en el punto del «botellón», «no es la más correcta».
El «botellón» se ha convertido en un fenómeno complejo de analizar. Los expertos de diferentes áreas no se ponen de acuerdo en cómo atajar el asunto, aunque coinciden en la necesidad de prevención y educación sobre el consumo de alcohol, pero la polémica se dispara cuando se plantea qué hacer con el «botellón» mientras esas acciones no cosechan resultados. Desde la Plataforma Ciudadana por la Convivencia creen que prohibir es la solución, mientras que desde el ámbito de los educadores sociales hablan de «efectos perversos» de la prohibición.
El debate se abrió ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, con el borrador de la ordenanza de trasfondo, y la disparidad de opiniones quedó patente. Emmanuel Benítez-Sosa, portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Convivencia, sacó una lectura positiva de la intención del Consistorio de prohibir con sanciones el «botellón». «En el derecho administrativo sólo hay dos opciones: permitir o prohibir. No hay más. No entiendo dónde está el debate y se está perdiendo mucho tiempo en discutir otros aspectos», proclamó.
Arantza Rodríguez trasladó la opinión de la Asociación Profesional de Educadores Sociales del Principado, que antepone la prevención a la prohibición, con la que no están de acuerdo. «Las políticas alarmistas, al igual que las permisivas, no dan resultado. Y estamos pasando de una política permisiva a otra alarmista, cuando la virtud está en el punto medio», señaló Rodríguez, que puso como ejemplo a seguir la regulación del asunto aplicada en Extremadura, donde se establecen unos horarios y días para poder beber en la calle. A partir de ahí, apuesta por que el Ayuntamiento invierta en «campañas de prevención y educación». Además, cree que la prohibición tendrá «efectos perversos», como que se beberá en los pisos, donde se puede molestar más a los vecinos.
En el debate se señaló la conveniencia de establecer trabajos comunitarios como medidas alternativas a las sanciones económicas. Sergio Fernández reconoció que existen dificultades legales para establecerlas. «Nuestros servicios jurídicos están estudiando hasta qué punto podemos incluir estos trabajos sociales en la ordenanza», aseguró. El debate está caliente. Gijón se enfrenta al complejo análisis del «botellón».
