Todos los contratos de venta y arrendamiento deberán ir acompañados, a partir del 1 de junio, de un certificado de eficiencia energética. Los propietarios estarán obligados a mostrar la etiqueta acreditativa incluso a la hora de publicitar su inmueble, ya sea a través de agencia o de forma particular. Este requisito, que otros países europeos vienen aplicando desde hace tiempo, no es ninguna novedad para Ana Primo de la Torre, una joven arquitecta gijonesa que se especializó en esta materia «cuando apenas suscitaba interés».

Desde septiembre de 2007, el certificado de eficiencia energética ya es obligatorio para los edificios de nueva construcción. Un real decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de abril, extiende ahora ese procedimiento a todos los inmuebles que se venden o alquilan. Ana Primo, que lleva casi seis años impartiendo por toda España cursos de formación sobre este asunto, y que cuenta para ello con el correspondiente reconocimiento del Ministerio de Industria, cree que esta nueva certificación «debe entenderse como un derecho del consumidor, no como un impuesto más o como un sector de trabajo nuevo que va a permitirnos remontar la crisis».

A juzgar por la cantidad de propuestas que están recibiendo las agencias inmobiliarias de la ciudad -«muchas», según dicen-, las expectativas son grandes entre arquitectos e ingenieros. En cuanto a los propietarios, «lo están viendo como un palo», aunque «todos acabarán valorando la utilidad que tiene el certificado de eficiencia energética para saber realmente lo que compras o alquilas», inciden profesionales de la actividad inmobiliaria local, que ya están volcados en la concienciación de sus clientes.

Como explica Ana Primo, «uno ve los acabados de un edificio o una vivienda, pero no lo que hay detrás de una pared». Y en las instalaciones que no están a la vista radican, precisamente, muchos de los costes fijos que soportan las familias: «Uno no lo aprecia hasta que paga las tres primeras facturas de calefacción o electricidad», señala esta especialista en edificación eficiente, convencida de que «el certificado irá convirtiéndose en un valor añadido; en un parámetro a tener en cuenta, además de la ubicación, las vistas o los gastos de comunidad».

En los escaparates de las agencias inmobiliarias europeas ya es algo habitual que los inmuebles se anuncien mostrando su nivel de eficiencia energética. España acumula varios meses de retraso en la implantación de este procedimiento, pese a la amenaza de sanción por parte de las autoridades competentes en materia medioambiental. En Gijón, como en el resto del país, «la gente estaba a la espera», según constatan las agencias inmobiliarias, metidas «de lleno» en la aplicación de un decreto que tenía que haber entrado en vigor en el mes de enero y no se ha aprobado hasta abril.

«Se le pondrán letras a los inmuebles, como las que ya conocemos de los electrodomésticos. La A indicará la mayor eficiencia y la G, la menor», apunta Primo de la Torre. «El certificado contendrá también una lista de medidas recomendadas y la incidencia que cada una de ellas tendría sobre la calificación. De esta forma, si el propietario decide en algún momento acometer obras de reforma, sabrá cómo y en qué debe invertir», añade la que fue vicedecana del Colegio de Arquitectos de Asturias hasta este mismo año.

El documento, de carácter público, deberá ser registrado en la Consejería de Industria, que a su vez tendrá que hacer un seguimiento de los inmuebles y elaborar una base de datos con las características energéticas de cada uno de ellos. Ana Primo, formada entre La Coruña y Bélgica, y con estudio propio junto a la plaza Mayor, insiste en que «hay razones de peso para que una persona quiera tener acceso a esta información a la hora de decantarse por una vivienda u otra. Es como cuando se compra un coche, a todo el mundo le preocupa el consumo».