El notario y jurista gijonés Ángel Aznárez alertó ayer de las responsabilidades civiles e incluso penales que puede acarrear la muerte de pacientes por no haber recibido a tiempo el tratamiento quirúrgico necesario, hecho relacionado con las listas de espera en la sanidad pública. Aznárez disertó ayer en la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) sobre diversos aspectos jurídicos relacionados con el nacimiento y con la muerte de las personas.

El notario gijonés hizo esta reflexión en conjunto con la relativa "al mito del testamento vital", cuando en los hospitales se anima por un lado a pacientes a hacer el documento de intenciones previas para no prolongar artificialmente su vida, llegado el caso, y por otro "se está diciendo a quien tienen que extirparle un tumor maligno que tiene una lista de varios meses de espera".

"El problema hoy es la falta de recursos por la que no se hacen operaciones necesarias en ictus cerebrales o hay una lista de espera de meses para tumores abrasivos", dijo. Un problema que ayer el jurista puso sobre la mesa para mostrar su extrañeza de que aún no haya provocado la reacción de afectados o familiares, porque "no es un asunto meramente administrativo; afecta al derecho a la vida, que es un derecho fundamental de los ciudadanos. Es un asunto de extrema gravedad y fuente de exigencia de responsabilidades". Aznárez remató señalando que "la vida es un bien protegido penalmente, no sólo civilmente; que se vayan poniendo la armadura" quienes puedan ser responsables de las muertes de pacientes por no intervenirlos a tiempo.

Se trata de un problema que afecta sobre todo a las personas menos pudientes, que carecen de recursos para acudir a la sanidad privada, en la que no hay espera. Además de que los incluyan en una lista de espera, estas personas también pueden verse perjudicadas por "un circuíto de influencias y de enchufes", por el que quien tiene algún contacto en la sanidad pública puede ver reducida su espera respecto a quienes carecen del mismo.

Aznárez apuntó que en el trasfondo hay un problema político, dado que "los presupuestos son los que son y corresponden a los parlamentos dar solución a este asunto estableciendo prioridades en los presupuestos", dado que no hay razones económicas que puedan justificar que a un ciudadano no se le respete su derecho a la vida. "Hay tumores que si no se tratan en 15 días producen una metástasis inmediata", puso como ejemplo. Para el jurista gijonés, también "sorprende la pasividad con la que la sociedad se toma este asunto" cuando está en juego la vida de personas.

El conferenciante también llamó la atención sobre la ligereza con la que en ocasiones se extienden los certificados de defunción, que es lo que explica casos como la muerte de 10 ancianos enveneados en una residencia de Olot sin que nadie se percatara a tiempo de lo que estaba ocurriendo. Aznárez reclamó medidas de protección para los mayores y mostró el "temor" que le producen determinados certificados médicos, "sobre todo cuando no están firmados por el médico que atendió en su última enfermedad" al anciano.

Entre otros temas que también abordó en su conferencia, Ángel Aznárez defendió la aplicación de las técnicas de reprodución asistida, debiendo de respetarse los límites establecidos en la ley y "el que haya abusos no significa que las técnicas de reproducción asistida desaparezcan, como los abusos en el derecho de propiedad no significa que haya que negar este derecho o pedir su supresión. El concepto de límite es esencial a la persona y el derecho, pues nadie es omnipotente".