La admisión escolar se inicia con cambios para evitar falsos domicilios y pugnas de divorciados

El plazo de presentación de solicitudes de admisión en los centros educativos de Asturias se abrió ayer con algo más de 2.000 plazas dispuestas en Gijón para acoger a alumnos de 3 años (1.407 en colegios y escuelas públicas y cerca de 700 en concertados). Un plazo que se mantendrá abierto hasta el próximo 10 de abril y que siempre resulta más trascendental para las familias cuyos hijos son de nuevo ingreso, fundamentalmente en el primer curso de infantil.

Las novedades principales del proceso vienen dadas, según reconocían ayer directores de diversos centros, por las modificaciones que ha introducido la Consejería de Educación en la normativa de admisión. Unos cambios que buscan evitar conflictos en los colegios derivados de la picaresca existente respecto a los empadronamientos, y también evitar que los líos de los padres separados y divorciados se trasladen a los colegios. "Las novedades son claras y tienen su calado: por un lado, la firma de los dos padres en la solicitud de plaza; y, por el otro, el volante histórico de empadronamiento", reconoce Isabel Sanz, directora del colegio de Los Pericones y miembro del comité de directores.

Tal como lo recoge la Consejería en sus instrucciones, se ha buscado tener en cuenta "que estamos en una sociedad cada vez más cambiante, con mayor diversidad en cuanto a modelos familiares y sus circunstancias de convivencia, lo que ha venido originando cierta complejidad en la aplicación" de las normas. De ahí que la solicitud de plaza deba llevar a partir de ahora una doble firma. "Deben constar los dos progenitores o las personas que sean responsables del alumno. Ya no vale la firma de uno solo, a no ser que se acredite que la otra persona tiene perdida la patria potestad, y eso se acredita con el convenio regulador del divorcio", explica Sanz. Para mayor seguridad, la documentación relativa al proceso de admisión en los centros incluye este año una orden nueva que es el "modelo de inadmisión para menores" y que tiene que ver, específicamente, con los casos en los que se rechace a un alumno porque no se considere acreditado que haya acuerdo entre los progenitores para la petición de la plaza escolar. "Estas instrucciones nos protegen a todos. En los centros podíamos estar, sin quererlo, conculcando los derechos de uno de los dos progenitores; ahora, las familias ya saben que si no hay acuerdo entre ellos lo que procede es que vayan al juez", indicó Sanz.

La otra novedad significativa afecta a las familias que quieran tener prioridad de entrada en un centro en base a la cercanía del domicilio. Ahora esa circunstancia deben acreditarla con un "volante histórico con convivencia", que es una certificación municipal de empadronamiento, con fecha de alta en el domicilio con una antigüedad de 6 meses, donde figuren todos los miembros de la unidad familiar. En caso de que se apreciase falsedad o uso fraudulento de la documentación, el alumno perderá la plaza obtenida, y si la comprobación de la falsedad ocurriera con el curso ya comenzado, al año siguiente se le volvería a obligar a pasar por el proceso de escolarización.

"Se quiere evitar la picaresca que siempre ha afectado a algunos centros", indicaban ayer varios directores que, sin embargo, ya ven venir algún problema. "La normativa dice que las familias deben tener una antigüedad mínima de 6 meses en el domicilio de referencia, pero se ha puesto la coletilla de: "excepto circunstancias debidamente acreditadas". Y eso da pie a una casuística enorme. Hoy ha sido el primer día de entrega de solicitudes y ya he oído de todo. Nunca sabes qué puede ser cierto y qué no, así que en nuestro centro tenemos claro que a la mínima duda vamos a derivar las solicitudes a la comisión de escolarización para que decidan ellos", explicaba ayer el director de un colegio concertado gijonés con demanda siempre superior a la oferta.

Por delante quedan aún diez días de preinscripción en los centros escolares en un año en el que, además, la Administración cuenta de partida con recortar tres unidades de 3 años en la red pública gijonesa, y ha reducido la admisión en las aulas de primero de infantil de 25 a 23 alumnos. En la red concertada la mayor novedad viene de la mano de la Escuela El Bibio que ha decidido renunciar a su concierto de 3 años.