Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan), asociación vinculada a Podemos y que ejerce la acusación popular en el caso del supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel, prevé solicitar que declaren como imputados los miembros del consejo de administración del Puerto que en 2007 aprobó los sobrecostes de la obra. Sendas denuncias de Ocan y de la Fiscalía Anticorrupción, basadas en el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre la ampliación, fueron las que propiciaron la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional. Ocan había solicitado de mano que se tomara declaración como imputados al expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y al exdirector, José Luis Díaz Rato. El juez ya los ha citado para finales de junio y el siguiente paso para la acusación popular será, tras esas declaraciones, solicitar las imputaciones de los exconsejeros de la Autoridad Portuaria.
El secretario general de Podemos Asturias y cofundador de Ocan, Daniel Ripa, señaló ayer que después de que declaren como imputados Rexach y Díaz Rato, Ocan se planteará pedir la imputación de los integrantes del Consejo de Administración de El Musel "que aprobó el modificado, un Consejo plagado de responsables políticos", entre los que citó a dos exconsejeros socialistas en el gobierno de Vicente Álvarez Areces: Francisco González Buendía y Herminio Sastre; a la actual consejera Belén Fernández, que continúa "en el equipo de gobierno de Javier Fernández"; y también a "un candidato a la Alcaldía de Gijón, José María Pérez y la plana mayor de dirigentes políticos, empresariales y sindicales de Asturias" que integraban aquel consejo. Ripa insistió en que "creemos que puede haber responsabilidades compartidas. Estamos valorando y nos reservamos la petición de la ampliación de la imputación en base a las declaraciones que hagan Rexach y Rato" de los que dijo que "eran cargos políticos equivalentes a un director general, designados a dedo por Vicente Álvarez Areces".
Los sobrecostes de El Musel suponen "2.000 euros por cada familia gijonesa" dijo ayer Ripa durante una rueda de prensa que ofreció junto a la abogada y candidata de Somos Ovieu, Ana Taboada y al candidato de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, para valorar el avance en la instrucción del caso, con la providencia dictada por el juez citando a declara como imputados a Rexach y a Díaz Rato y como testigos a nueve gerentes y apoderados de la UTE Dique Torres. El juez también pide documentación a la UTE Cabo Torres, que se encargaba del control y supervisión de las obras.
Del Fueyo añadió que en aquel consejo que aprobó los sobrecostes figuraba otra persona que integra la lista municipal del PSOE, además de Pérez; la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. También aludió al expresidente regional, Vicente Álvarez Areces, en la misma lista. Apuntó que los sindicatos de El Musel denunciaron el gasto de 42.000 euros en la fiesta de inauguración de la ampliación, la contratación de 25 coches de alta gama para el Puerto en aquella etapa además de "seguro médico privado para altos cargos y dietas a tutiplén", junto al enchufe de más de un tercio de la plantilla.
Antonio Trevín
Ana Taboada apuntó que como acusación popular van a procurar "agilizar" la instrucción (que llevará un juez sustituto pendiente de designar, tras la marcha del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez a París como juez de enlace). Taboada apuntó que Ocan ya va a proponer nuevas pruebas, como son las declaraciones como testigos del presidente de Asetra, Ovidio de la Roza y del expresidente de Cesintra, Enrique Riaño, así como la declaración "de momento en calidad de testigo" del exdelegado del Gobierno, Antonio Trevín, en base a la supuesta inacción frente a denuncias que los transportistas habrían formulado en su día ante la Guardia Civil y la inspección de transportes del Principado por falta de control en los portes de material de cantera a la obra, señaló la letrada.
Ocan considera que puede haber más imputaciones, tanto de responsables públicos como empresariales, aunque éstos hayan sido citados inicialmente como testigos a declarar.
