La opción de que los ciclistas tuvieran que tener matrícula, sacar un permiso de circulación y pagar un seguro para poder sacar sus bicis a la calle generó hace unos día un enfrentamiento entre los aficionados a la bicicleta y la Dirección General de Tráfico, que acabó desmintiendo públicamente que esos principios fueran a ir, por ahora, más allá del debate. No era el primer rifirrafe. Antes el enfrentamiento se había centrado en la obligatoriedad del uso del casco.
Esta última polémica no ha pasado desapercibida en una Asturias, con más de 2.000 cicloturistas federados y miles más sin federar. Muchos de ellos en Gijón. Un Gijón donde, además, esta pugna alrededor de las bicicletas trae a la memoria las movilizaciones que se generaron entre los ciclistas locales de principios del siglo pasado por la matrícula municipal, y de las que se hace eco la reciente publicación "La bici en Gijón", firmada por Ángel Mato e incorporada a la colección "Memoria de Gijón". Recuerda Mato en esa obra que el uno de julio de 1903 un primer bando municipal marcaba la obligación a los dueños de biciclos y bicicletas de inscribirse en un libro registro de la contaduría municipal. Sin ese trámite quedaba prohibida la circulación. Dos años más tarde se imponía la matrícula local de bicicletas. Con la matrícula venía el pago de una tasa y con ese pago, la polémica.
Los cada vez más numerosos usuarios de la bicicleta lucharon para que se bajara de seis a cuatro pesetas el coste anual de esa matriculación. En aquellos momentos pagaban esa tasa 70 propietarios de bicicletas. Una tercera parte de las que se suponía existían en todo el concejo. Los pioneros Marceliano y Jesús de la Cuesta lideraron en 1907 la lucha del "elemento ciclista local" por rebajar ese pago.
La decisión del Ayuntamiento, tomada en 1908, fue bajar el pago a 5 pesetas. Pero la polémica se iba a reproducir cada cierto tiempo hasta que los hermanos y empresarios De la Cuesta plantearon la propuesta de que el colectivo ciclista asumiera la diferencia entre el pago realizado voluntariamente por los afectados y la previsión de ingreso por ese concepto que tenía el Ayuntamiento. El objetivo era "evitar escenas enojosas entre los ciclistas y los agentes de la autoridad". La previsión de ingresos en aquel momento era de 700 pesetas. Un informe inicial de la comisión de arbitrios desestimó la iniciativa que, sin embargo, consiguió el voto favorable de una Corporación presionada por los ciclistas. Posteriormente, se aprobó la dispensa de pagar la matrícula a Cruz Roja y la Asociación Benéfica Paz y Caridad, que ya no tenían que pagar por las cinco bicicletas destinadas al personal sanitario. Esas cinco pesetas llegaron hasta 1925. Un año después la tasa pasó a diez pesetas y la bronca volvió a la calle. Los colectivos ciclistas defendían que la bicicleta ya no era un instrumento de ocio sino el medio de transporte de los obreros. Su lucha, como la de sus herederos de ahora, era hacer de la bicicleta un vehículo de uso común.
