El titular del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, que investiga las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel, imputó ayer a Juan Miguel Pérez Rodríguez, gerente de la UTE Dique Torres durante la mayor parte de la obra. Juan Miguel Pérez había sido citado a declarar como testigo, junto a otros ocho directivos de la UTE y de las empresas que la integran. El fiscal anticorrupción Miguel Serrano solicitó volverlo a citar como imputado después de que Pérez reconociera su firma en uno de los contratos que Dique Torres suscribió con Tudela Veguín y que permitió al grupo de constructoras obtener gran parte de la piedra y material de relleno necesario para la obra de ampliación prácticamente gratis, haciéndose cargo sólo de los costes de extracción de la misma, según el informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

La obtención de piedra sin contraprestación económica directa, al mismo tiempo que la Autoridad Portuaria pagaba sobrecostes a Dique Torres por el encarecimiento de los materiales, fue una de las cosas que chirriaron en la UE.

La petición del fiscal para imputar a Pérez Rodríguez, vinculado a Dragados (grupo ACS) fue secundada por el Abogado del Estado, que representa a la Autoridad Portuaria, por la acusación popular que ejerce Gemma Arbesu en nombre de Ocan y por la acusación particular ejercida por Manuel Junquera en representación del expropiado del Alto Aboño José Prendes. Sólo se opuso a la misma el letrado Viliulfo Díaz, defensor del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato.

Juan Miguel Pérez Rodríguez fue gerente de Dique Torres entre junio de 2005 y febrero de 2010, la mayor parte del tiempo durante el que se ejecutaron los trabajos. Le había precedido en el cargo durante sólo tres meses Ana Dizy y le sucedió David López Navarrete, quien se hizo cargo del tramo final de la obra, al llegar al cargo en marzo de 2010. Ni López Navarrete ni el contable de Dique Torres, Isidro Alonso Sierra -también citados para ayer- acudieron a declarar y volverán a ser emplazados por el magistrado para próximas fechas.

Sí testificaron el gerente actual, Manuel García Beiro (en el cargo desde marzo de 2012, con la obra ya concluida), Ana Isabel Dizy Menéndez, el exdelegado de Dragados en Asturias, Manuel Amaro Martínez Díaz; el que fuera jefe de obra, Guillermo Castañedo Elizalde (FCC), el jefe de obra marítima, Miguel Eguiagaray García (Drace) y el representante de Alvargonzález Contratas, Antonio Manuel Alvargonzález García.

Los declarantes consideraron ante el magistrado que el informe de la OLAF contenía "errores" y que la obra se realizó con los adecuados controles y supervisiones. Entre otras cuestiones, señalaron que el control de los materiales en la obra se hacía por volumen de los mismos y no por su tonelaje, restando así importancia a las aseveraciones de la OLAF respecto al supuesto falseamiento en pesajes de camiones a la entrada del Puerto.

Juan Miguel Pérez volverá a declarar el próximo miércoles, fecha en la que así mismo comparecerá el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, también como imputado. Al día siguiente será el turno para el ex director del Puerto, José Luis Díaz Rato, tercer imputado hasta el momento. La pronta citación como imputado de Juan Miguel Pérez fue sugerida por él mismo, dado que en la actualidad reside fuera de España, por motivos laborales.

Según explicaron fuentes jurídicas, durante las declaraciones de ayer, tanto el magistrado como el representante de la Fiscalía Anticorrupción intentaron discernir quiénes de los directivos tenían verdadera capacidad de decisión en la UTE, para lo que requirió a los declarantes que aportasen las respectivas escrituras de apoderamiento, en virtud de las cuales actuaban, agregan.