El exdirector del puerto de Gijón José Luis Díaz Rato ha afirmado hoy al juez en la Audiencia Nacional que altos cargos del Ministerio de Fomento ordenaron los sobrecostes supuestamente irregulares que se produjeron en la ampliación de la infraestructura.
Díaz Rato ha declarado hoy ante el juez Juan Pablo González imputado en la causa que investiga a raíz de una querella de una plataforma ciudadana impulsada por Podemos y, a su salida de la Audiencia Nacional, su abogado, Viliulfo Díaz, ha explicado a los periodistas los pormenores de la comparecencia.
Acompañado de su cliente, el abogado ha negado que Díaz Rato se hubiera concertado con los empresarios de la UTE adjudicataria de las obras, ya que ni siquiera, ha dicho al juez, se tomó un café con ellos, y ha atribuido la aprobación de los sobrecostes investigados a otras instancias, concretamente a Fomento, Puertos del Estado y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón.
En 2006, ha dicho, las empresas adjudicatarias plantearon a Puertos del Estado que no podían continuar la obra con el dinero consignado porque iban a gastar más en comprar piedra para el pedraplén.
En ese momento, ordenaron a Díaz Rato que negociara con la UTE para poder seguir con los trabajos, una orden que vino, según su abogado, del entonces presidente de Puertos, Mariano Navas, y del secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao.
Estos dos cargos de Fomento, ha dicho, se reunieron en 2006 con los directores de las empresas adjudicatarias, con el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach -que declaró ayer como imputado- y con Díaz Rato, y encomendaron a este último llegar a un acuerdo para seguir con las obras, cuyo sobrecoste se aprobó finalmente en diciembre de 2007.
Según el letrado, Díaz Rato ha explicado al juez "con pelos y señales" los sobrecostes y ha dicho que es "absolutamente falso" que se ocultaron hasta después de las elecciones autonómicas de 2007.
"Desde el primer momento actuó con absoluta honradez y conocimiento técnico", ha explicado el letrado sobre su defendido, y ha añadido que él no cobró nada por ejercer de director de las obras, que costaron 800 millones, un 40 por ciento más que el presupuesto inicial.
La legalidad de la ampliación del puerto de El Musel ha sido puesta en duda en sendos informes por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por la Intervención General del Estado (IGAE), aunque según el abogado sus conclusiones están plagadas de errores.
En nombre de la plataforma impulsora de la querella- personada como acusación-, el diputado autonómico de Podemos Daniel Ripa ha opinado que de las declaraciones de hoy y de ayer se extrae que hay una "responsabilidad política compartida" en la aprobación de los sobrecostes y que se querían sacar las obras a toda costa y a pesar de la "falta de control".
De hecho, ha indicado a los medios de comunicación que, si bien el PP estaba entonces en el Gobierno nacional, en el ejecutivo asturiano gobernaba el PSOE y, por lo tanto, en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón había una amplia mayoría de cargos socialistas.
Respecto a si pedirán nuevas citaciones, ha dicho que esperarán a lo que diga el 7 de julio el gerente de la UTE adjudicataria, Juan Miguel Pérez, en su declaración como imputado.
La querella de la plataforma ciudadana dio lugar a otra denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que en este caso hay indicios de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación
