La recuperación de la actividad en los astilleros privados españoles aún tardará en verse, a pesar de la sentencia del Tribunal General de la UE que revoca la decisión de la Comisión Europea que había ilegalizado el anterior sistema español de ayudas fiscales a la construcción naval, conocido como "tax lease". Al menos eso es lo que opina Laudelino Alperi, consejero delegado del grupo Armón, con astilleros en Gijón, Navia, Burela (Lugo) y Vigo. Preguntado ayer sobre si se va a notar la sentencia en la contratación en el sector, Alperi señaló que "a corto plazo, no; a medio plazo sí, si da más confianza" a los armadores e inversores.
Una confianza que se perdió en gran medida después de la decisión de la Comisión Europea ahora anulada, que incluía la exigencia a España de devolución de los beneficios fiscales obtenidos por los inversores.
"La sentencia demuestra que teníamos razón, pero el daño ya está hecho y tiene carácter irreversible. Han sido casi seis años perdidos y los clientes ya están en otros países, contratando con otros astilleros", añadió Alperi.
Tras la decisión de la Comisión de ilegalizar el "tax lease", España negoció con Bruselas un nuevo sistema de incentivos, que es el que actualmente se aplica; un sistema con el que se abarata el precio que paga el armador menos que con el antiguo.
Armón tiene en Gijón en construcción un pesquero de altura, tipo de barco que no se acoge a incentivos fiscales. El astillero negocia la contratación de otros buques para aumentar la actividad.
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