Retrasar los trabajos de la obra de ampliación para forzar al Puerto a pagar más, hacer menos obra de la contratada para ahorrar costes, revender piedra a precio superior a otra empresas, además de haber ofertado un proyecto inviable y promover su modificación desde el primer momento, son algunas de las perlas que contienen las 61 fotocopias de actas de la UTE Dique Torres que un anónimo envió a la Fiscalía Anticorrupción y que se han incorporado a los autos abiertos en la Audiencia Nacional por la supuestas irregularidades en torno a la ampliación portuaria.
Unos documentos que desvelan la forma de negociar de la UTE integrada por Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas tanto con los propietarios de las canteras desde las que se suministró la piedra como con los responsables del Puerto.
La relevancia penal de esos documentos no está clara. La niegan fuentes de la defensa, que recalcan que son fotocopias no adveradas y que el juez ha rechazado imputar a 16 representantes de las empresas constructoras, como pedía el fiscal. Otras fuentes, opinan que algunas de las cuestiones que se reflejan en las actas son demoledoras, tengan o no relevancia penal.
Ya en las primeras se plantea "planificar la solución oferta como si pudiera hacerse" y se señala la falta de mediciones reales, al tiempo que la UTE impulsa desde su primera reunión una modificación técnica del proyecto "con mucha discreción", incluyendo cambios en los primeros terrenos para ganar al mar, los diques, los cálculos de oleaje y las fases constructivas. En la parte económica, el estudio de costes se presenta en el comité de gerencia tres meses después de la adjudicación.
De mano el Puerto se niega. Luego, mientras diversas soluciones propuestas por una y otra parte son ensayadas en laboratorios, las peticiones efectuadas a finales de 2005 por las empresas para alargar el plazo de la obra dos años y para modificar el proyecto y los precios, llevaron al entonces presidente de El Musel a quejarse "amargamente" al presidente de Dragados -empresa que lidera la UTE- por el plan "ridículo" de avance de obra para 2006 y porque la UTE no tenía claro que fueran a funcionar las soluciones técnicas que planteaba, según las actas. Esto es, a la vez que la UTE consideraba que el proyecto adjudicado no podía realizarse, no aseguraba que funcionasen cambios como por ejemplo los del fondeo de los grandes cajones de hormigón del Dique Norte al ritmo adecuado, debido a las condiciones del oleaje.
Dique Torres no sólo encargó ensayos de cambios en el proyecto, sino también sobre los problemas constructivos del proyecto tal y como había sido encargado.
Algunos de los pasajes de la estrategia negociadora de la UTE se recogen en el acta del 6 de abril de 2006, en la que tras constatar un cambio de actitud de la Autoridad Portuaria días antes -tras una reunión a tres bandas con el Ministerio de Fomento- que ya acepta abiertamente elevar los precios de parte de las unidades de obra, el gerente de Dique Torres explica a los demás directivos que la Autoridad Portuaria quiere que la UTE acelere el ritmo de la obra, comenzando ese año a construir los grandes cajones de hormigón que luego conformarían el Dique Norte. Ante este planteamiento, uno de los representantes empresariales, visto que el Puerto no quería rescindirles el contrato, recomienda no traer el cajonero hasta "llegar a un acuerdo global que resuelva todos los problemas que tiene la obra". En aquella reunión el gerente señaló la posibilidad de ahorrar costes entregando menos obra de la contratada, algo que ya se había planteado en otras anteriores, pero que en 2008 acabó rechazando el Puerto. Antes del acuerdo para modificar los precios, la UTE también sopesó rescindir la obra.
Desde la adjudicación se había producido un intercambio de correspondencia entre el Puerto y la UTE, en el que aquel cuestionaba el programa de trabajos, con menos detalle del que la UTE presentó en su oferta, o prohibía en marzo de 2006 el uso para fabricar áridos de piedra de la cantera de La Hoya por "insuficiente calidad", mientras las constructoras a finales de 2005 presentaron un informe jurídico achacando los retrasos a incumplimientos contractuales de la Autoridad Portuaria, al no haber podido comenzar a explotar la cantera de Aboño, que el Puerto había reseñado en la licitación.
De ahí se pasó a que la UTE y el Puerto pactaron la respuesta a la calidad de la piedra de La Hoya, mientras el Puerto pedía a la UTE que no demorara la firma con HC del acuerdo para la explotación de la cantera de Aboño, que tuvo más de media docena de borradores. La Autoridad Portuaria les pidió "que no la retrasemos por motivos menores o para discutir el precio de los terrenos propiedad de Sato".
Tras aquel acuerdo, el Puerto preparó un modificado que iba a presentar a la UE para intentar que subvencionaran una parte, en el que supuestamente hinchaba los sobrecostes incluyendo entre otras cosas "partidas que no se van a ejecutar", según hablaban los directivos de la UTE dos meses antes de que el Consejo de El Musel aprobara ese modificado.
La tensión entre las partes se agudizó al final de la obra, cuando Dique Torres llegó a paralizar los trabajos, algo que no recogen las 61 actas, dado que ocurrió en fecha posterior a la última de ellas.
Otro de los asuntos que se reflejan en las actas, a partir de la de septiembre de 2005 es la entrega de piedra de la cantera de La Hoya por la UTE a Necso, a petición del Puerto, para completar el cierre de la explanada de Aboño, terreno que luego usó Dique Torres para acopios. En ese acta se da una cifra relevante, las del precio de la piedra de La Hoya, según "el estudio actualizado", que era de 4 euros por tonelada. Uno de los integrantes de la UTE, en cambio "sugiere venderlo como mínimo" a 6,70 euros por tonelada, cifra próxima a los 7 euros por tonelada que les costaba la piedra de canteras comerciales.
