El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha avanzado este martes que votarán no en el Pleno de este día al documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) por, entre otras cosas, poner en riesgo puesto de trabajo, "regalar" suelo urbanizable -al aumentar la capacidad edificatoria-- a sociedades privadas como es el caso de una vinculada al ex presidente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y por contener errores que podrían dar pie a una futura anulación.

Pérez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha apuntado sobre esto último que lejos de resolver el problema de inseguridad jurídica tras la nulidad del anterior Plan, de la que hace el domingo próximo tres años, el nuevo documento adolece de problemas de legalidad que pueden llevar a su anulación.

Unos problemas que, según Pérez, ya se había advertido de ellos y afectan a millones de metros cuadrados de terrenos, como es el que no se incluya el planeamiento ya aprobado de 1999 o planes sectoriales como la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia). Ha incidido, en este punto, en que el anterior Plan se anuló porque un documento no aparecía en la bibliografía.

También ha considerado que la apuesta por los chalets es una respuesta "equivocada" a las necesidades de vivienda del municipio. Además, frente a un planeamiento que debería contribuir al desarrollo económico de la ciudad, lo que hace es "poner en duda" actividades industriales existentes, como el astillero Juliana Armon y El Tallerón de Duro Felguera, calificado de suelo transformable, es decir, que podría dejar de ser industrial si cesa la actividad.

En cuanto a los "regalos", como les ha llamado Pérez, ha puesto de ejemplo el aumento de edificabilidad del urbanizable del Infanzón, que pasa de 376 viviendas unifamiliares, planteadas en el documento entregado a los grupos el pasado mayo, a 414, es decir, 38 más, la mayoría en un terreno segregado de la finca Bauer, perteneciente a una sociedad privada que está vinculada a Rato y también a una ex diputada de Foro, Carmen Sela.

El portavoz socialista ha hecho una estimación de que las viviendas podrían tener un valor de más de once millones de euros, a lo que ha añadido que no han tenido tiempo a comparar todos los documentos para ver los cambios introducidos. Pérez ha señalado que el que los propietarios lo pidan para sacar un beneficio es lícito, pero no ha considerado moral que lo acepte el Ayuntamiento y lo haga "de tapadillo". De hecho, ha recalcado que se preguntó en la Comisión y nadie dio explicaciones por esta finca.

Algo similar pasa con equiparar los equipamientos privados a los públicos, que dan pie, según el PSOE, a incrementar la edificabilidad de centros sanitarios, clínicas, residencias de la Tercera Edad o colegios privados.

Pérez ha reiterado que desde principios de noviembre Foro no quiso tener un encuentro con todos los grupos para explicar los cambios introducidos al incorporar propuestas de los distintos partidos municipales. La semana pasada, según él, también se negaron a dar un informe con todos los cambios respecto al entregado en mayo, como tampoco los quisieron explicar en la Comisión del pasado viernes.

Con todo, el PSOE defiende su voto en contra y ha asegurado que actúa al margen de cualquier interés partidario, pero teniendo presente el modelo de desarrollo para vivir en la ciudad y garantías para que el planeamiento dure en el tiempo y se apruebe con "transparencia y claridad". Para él, que se haya hecho "juegos en los despachos" tiene duda de que sea moral.

Por este motivo, ha respondido a Xixón Sí Puede, que cuando algunos hablan que pasaron muchos días sin dormir para leer los papeles, qué digan que es lo que comparten con este documento presentado por el Gobierno local. Ha remarcado, en el caso de Armon y El Tallerón, que tanto Foro como Xixón Sí Pueden justificaron que había gente que no quería esas instalaciones ahí.

Y respecto a los vecinos de Cabueñes que hablan de posible nulidad del PGO porque la funcionaria que dio el aval oficial al Plan fuera un "cargo político", ha mostrado sus dudas de que esto sea así, aunque ha precisado que no sabe cómo se hizo la sustitución del funcionario que debería avalarlo.

Dicho esto, ha precisado que les preocupa más el otro problema, que es la no inclusión de planes ya aprobados. Para él, es "irresponsable" pedir una tramitación 'express' y que en estos años no hayan sabido corregir un error que ya se dijo. Esto puede ser motivo, a su juicio, de volver a repetir información pública o incluso la retramitación del planeamiento.