Un presupuesto de 215,9 millones fue la propuesta de Foro para hacer funcionar el Ayuntamiento, y de paso la ciudad, a lo largo de este 2016 que está a punto de acabar. El destino de esos euros no consiguió pasar el examen del Pleno al hacer frente común en el no los tres partidos de la izquierda y la alcaldesa Carmen Moriyón optó por firmar un decreto de prórroga que rebajó el capítulo inicial de gastos a 189,8 millones. A partir de esas cifras comenzó un ir y venir de modificaciones y votaciones plenarias de las que todavía se verán cuatro expedientes en el Pleno de esta semana. El mismo Pleno donde se llevan a votación, por un lado, las tarifas para el año que viene del agua, el saneamiento, los taxis y los cementerios y, por otro, una leve modificación de las ordenanzas fiscales para ese próximo ejercicio.
Y es que la ronda presupuestaria vuelve a empezar. El gobierno forista, encabezado por la concejala Ana Braña, ha anunciado la entrega en los próximos días a los grupos de la oposición de un proyecto presupuestario de 2017 del que no se esperan grandes cambios en cuanto a los números. Eso sí, el documento ya nace maniatado. En lo técnico y en lo político. En lo primero por la necesidad de incorporar acciones ya comprometidas que suman muchos millones y en lo segundo porque la sombra de una segunda prórroga presupuestaria consecutiva marca la inevitable búsqueda de apoyos en un salón de plenos donde Foro sólo tiene nueve de los 27 votos. Un reciente fallo del Constitucional bloqueó la opción de que se pudiera aprobar por Junta de Gobierno un presupuesto municipal tras un año de prórroga. Una posibilidad que podía haber favorecido la independencia de Foro.
Millones comprometidos, negociación política... y regla de gasto. Este concepto se convirtió en titular de la vida municipal este año cuando se detectó un incumplimiento que ponía las cuentas de Gijón bajo la tutela del gobierno del Principado de Asturias. Al final desde Intervención se aseguró que había sido una mala interpretación de un supuesto y que Gijón seguía dentro de la ley. Aunque las aguas revueltas volvieron a su cauce ahora todos miran con lupa que no asume ni un euro sobre ese techo de gasto que impone la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
Al margen de las obligaciones legales y de negociación política, ¿cuáles son esos compromisos que encorsetan el presupuesto? Para empezar hay que tener en cuenta que entre el 40 y el 50% del presupuesto municipal de cada año se va a pagar sueldos del personal y los gastos corrientes de mantener viva toda la estructura. A esas obligaciones ineludibles hay que sumar la exigencia de incorporar las plurianualidades correspondientes a iniciativas comprometidas en anteriores ejercicios. Y no son moco de pavo. Sólo hay que pensar en los millones de euros que se van a los programas de rehabilitación de fachadas con los acuerdos vinculados a la reforma integral de los barrios de Inuesa (Tremañes), Portuarios, Monteana y Contrueces. Compromisos de los primeros tiempos del mandato de Foro que se dejarán sentir en los presupuestos de muchos años.
Actuaciones singulares como la recuperación de la antigua Escuela de Comercio o la Fábrica de Tabacos también tienen su reserva de dinero y, por ejemplo, desde hace tiempo se trabaja en un proceso de ampliación de la red de escuelas infantiles que supondría a medio plazo construir un equipamiento nuevo en Contrueces y asumir la rehabilitación del antiguo colegio Cabrales para generar una instalación similar en el centro.
Los vecinos también se han encargado de "quitarles" a los concejales millones de la mesa de negociación política. Los seis consejos de distritos se han encargado de decidir el destino de dos millones de euros en obras para sus territorios a través de un sistema de participación vigente desde hace tiempo. La novedad en esta ocasión son los seis millones de euros en inversiones para el 2017 que se están decidiendo estos días por votación popular a través de los denominados presupuestos participativos. Este sistema a estrenar en Gijón ha dejado en manos de los ciudadanos proponer las acciones que quieran y elegir las que se van a realizar a través de una doble votación: telemática y presencial. Entre unos y otros, otros ocho millones de euros del presupuesto que ya están comprometidos.
Pero hay más. La alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, ya aseguró a los firmantes del pacto de concertación social "Gijón crece" -la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras- que lo pactado en ese documento tendría su reflejo en el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón. Ello supone, para el año 2017, un total de 35 millones de euros entre acciones del área de empleo y acciones del área de promoción económica. "Gijón crece" tiene una duración de cuatro años con un previsión económica de 160,7 millones a pagar, mayoritariamente, desde el Ayuntamiento de Gijón.
Las partidas dedicadas al pago de la deuda también tiene sus obligaciones. Ese año, y por mandato plenario, se concretaron dos préstamos más: uno de 22 millones de euros y otro de 9 millones. La idea del gobierno local pasaba por minimizar el impacto de esos préstamos en el presupuesto de 2017 haciendo una amortización anticipada de casi diez millones antes de que acabe este año. Un uso de los remanentes que sigue sin encontrar apoyo entre los ediles de la oposición que entienden que hay otras prioridades de cara a mantener la actividad en la ciudad.
Todos estos son condicionantes para llegar a la suma final del proyecto presupuestario. Luego queda buscar la suma de apoyos en el Pleno. Una operación matemática de las más difíciles.
