"No estamos muy bien protocolarizados, y falta coordinación, por ejemplo, con Sanidad. No tenemos mas información en un momento dado que el hecho de que nos requieren. Tenemos que actuar en una situación desagradable muchas veces, con familiares de la persona enferma delante", sostiene Ildefonso Rodríguez, que recalca que "siempre que actuamos en estos casos es a requerimiento". Y agrega: "No sé si hay un repunte o no, pero lo cierto es que ahora mismo es de las cosas en las que más estamos trabajando: no hay turno que no toque un ingreso forzoso en psiquiatría, aunque muchas de estas intervenciones no salen en los medios".
De hecho, el sindicato de la Policía Local solicitó este año formación para intervenciones como las que requieren personas que sufren trastornos mentales. "Y se nos ha dado un curso a medias", lamenta el secretario general del SIPLA en Gijón.
Si bien, por otro lado, los expertos en psiquiatría defienden que "el potencial agresivo es menor en los enfermos mentales" y rechazan cualquier vinculación directa entre violencia y personas con trastornos psiquiátricos. De hecho, algunos psiquiatras han opinado que en la sucesión de episodios violentos protagonizados por personas con problemas podía influir el "efecto llamada".
Esquizofrenia paranoide y trastornos disociativos de la personalidad. Son los problemas mentales que tiene diagnosticados David G. P., el vecino de El Polígono que agredió a machetazos esta semana a un policía jubilado hiriéndolo de gravedad. Un suceso que se suma a otros episodios violentos ocurridos recientemente en la ciudad que guardan relación con trastornos psiquiátricos. En diciembre ocurrió un parricidio en Monteana, que sucedió a otros hechos acaecidos en noviembre, como la agresión a martillazos de un hombre a su pareja en El Natahoyo o la de una hija a su madre a patadas y puñetazos en la avenida de Schultz. Todos ellos vinculados, según los informes policiales, a trastornos psiquiátricos. Y precisamente los sindicatos policiales advierten de la "gran complejidad" que suponen las intervenciones cuando hay un enfermo mental implicado en las mismas.
"Que estén estas personas en esa situación de descontrol por la calle y puedan ir armadas supone un peligro. Esta vez fue un policía jubilado, pero podía ser cualquier vecino", señala Miguel Ángel Campos, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos mayoritarios en la Policía Nacional. "Hemos mandado a los afiliados un protocolo para actuar en casos con personas con trastornos mentales, pero es muy delicado. Algunos están mal y otros se amparan en ello después de haberse producido un ataque", agrega el portavoz sindical.
Campos recalca que "desgraciadamente, lo que pasó en Gijón no es un hecho aislado y cada día es mayor la violencia que se ejerce en la calle por parte otras de personas cuando vamos a intervenir". El secretario general del CEP es tajante. "La violencia es un ciclo y hay que cortarlo. Es necesario que se refuercen los contextos sociales frente a la violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Y eso de decir que no se acuerdan de lo que hicieron o que iban bebidos... Cuando salió de casa con un arma prohibida seguramente no iba bebido.", manifiesta. Pide así más contundencia judicial contra las actitudes violentas.
"La gente se acuerda de nosotros exclusivamente cuando nos necesita", expresa Campos. Bajo su punto de vista, "la sociedad tendría que buscar y habilitar unos sistemas para que las personas con problemas psiquiátricos y peligrosas no puedan campar por ahí a su libre albedrío; como esta persona que salió con un machete por la calle y agredió a un ciudadano; porque les llamas la atención o les dices cualquier cosa y ya está el lío". Y agrega: "Hay que cambiar la falsa sensación de que en estos casos no pasa nada y no hay consecuencias".
Por ello reclama más trabajo de "prevención de los delitos y conductas de este tipo de gente, algo que no sólo corresponde a la Policía y que le compete a las administraciones". El portavoz sindical recuerda que "nosotros lo único que podemos es hacer un uso adecuado de la fuerza en un momento dado ajustándonos a la congruencia, oportunidad y proporcionalidad". Por ello, recalca, "el sistema preventivo es esencial". Además, advierte de que "también nos preocupa que cuando se usa la fuerza por parte de funcionarios policiales se suscita siempre polémica".
Matías Castaño, su homólogo en el otro gran sindicato de la Policía Nacional, el SUP, reclama, por su parte, más medios e información. "Cuando a nosotros nos llega información adecuada sobre el individuo, tenemos las situaciones muy controladas", asegura. Sin embargo, matiza que "si no sabemos lo que hay, difícilmente podemos actuar", a lo que agrega que "nos gustaría tener más medios, personal e información".
No se aventura a señalar si en Gijón hay un preocupante repunte de sucesos protagonizados por enfermos mentales. "Si alguien detectase un problema en este sentido, debería analizarse en la junta local de seguridad. Es un órgano fabuloso para ello", señala, aunque reclama que "se configuren órganos donde los representantes de los policías, los sindicatos, nos podamos sentar con la administración y colectivos ciudadanos para aportar la opinión de los policías, que no de la Policía". Castaño cree que "si hay que aplicar medidas preventivas por estos casos lo debería analizar la junta local de seguridad".
Aunque aclara que "nuestras reglas de enfrentamientos son bastante claras, no como en otros países", reconoce que "muchas veces hay que aplicar medidas coercitivas importantes ante una persona sin medicar y, a priori, no sabes la circunstancia personal que tiene, es muy complicado". Y agrega: "A nosotros no nos corresponde el control de que se sigan medicando o no, a quien le corresponda que lo haga. Todo el mundo tiene derechos y libertades y nosotros estamos para proteger los derechos y libertades de todos".
Desde la Policía Local, su sindicato mayoritario, el SIPLA, coincide con el CEP en pedir una mayor implicación de las administraciones en la situación de personas con trastornos psiquiátricos graves para evitar en lo máximo posible incidentes con ellos que requieran la compleja intervención policial. "Nosotros deberíamos ser el último recurso. Es cuando falla el resto de agentes que deberíamos intervenir, y, sin embargo, lo hacemos habitualmente en estos casos", señala Ildefonso Rodríguez, secretario general del SIPLA en Gijón.
Rodríguez también pide más medios, tanto formativos como materiales. "Los casos extremos son complicados. Solicitamos junto con los bomberos un protocolo. Y más medios. En otros cuerpos tienen más dotación y protocolos. Por ejemplo, cuando hay en viviendas casos de personas descontroladas encerradas, a veces tiene que entrar antes el bombero por la ventana y es ilógico, porque tenemos que asegurar la zona nosotros. Pero para eso necesitaríamos un ariete", explica el portavoz del SIPLA.
