El sindicato Usipa, como firmante del convenio colectivo del Ayuntamiento de Gijón, ha solicitado al gobierno local "los expedientes para personarse como codemandado con el Ayuntamiento en las demandas judiciales por fraude de ley en los contratos celebrados por obra y servicio" en los planes de empleo municipales, unos contratos que los tribunales consideran realizados en fraude de ley, por lo que han obligado al consistorio a indemnizar por despido improcedente a la mayoría de sus antiguos beneficiarios, mientras que cinco de ellos han quedado como personal fijo del Ayuntamiento al sentenciar los tribunales que su despido fue nulo. Desde Usipa se recalcó ayer que "que estamos en contra de que se utilicen gateras como medio de acceso a la función pública".

El sindicato recuerda que es firmante y partícipe activo del convenio colectivo del Ayuntamiento de Gijón, "que se modificó a finales del año pasado por iniciativa de Usipa para retribuir adecuadamente al personal de los planes de empleo, curiosamente, CCOO no firmó el citado anexo".

Usipa arremetió ayer contra el director general de empleo del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, quien ha acusado a Usipa de dinamitar los plantes de empleo municipales por asesorar a parte de sus beneficiarios para que demandasen al Ayuntamiento. El sindicato recuerda que no asesoró a ningún contratado por obra y servicio, sino a los contratados en prácticas, a los que los tribunales les están reconociendo el derecho a cobrar conforme al convenio colectivo municipal, más alto que el de los plantes de empleo, pero no consideran como despidos improcedentes o nulos sus finalizaciones de contrato.

"El señor Pelayo Barcia miente e intenta disimular su incompetencia e incapacidad para solucionar los problemas de los planes de empleo acusando a Usipa de encabezar las demandas de los contratos por obra y servicio. Ninguno de los demandantes de los contratos por obra y servicio es de Usipa ni fue asesorado por Usipa", señala el sindicato en un comunicado.

Desde Usipa se recalca que "lo único que hicimos fue defender a un grupo de trabajadores, que cobrando 486 euros al mes estaban ocupando puestos de estructura y en algunos casos realizando trabajos específicos de funcionarios, que serían nulos de pleno derecho, como son las compulsas, licencias de obras, inspecciones, etcétera, lo que podrían suponer la nulidad de muchos expedientes administrativos. Esas cosas que dice que se han hecho mal en el pasado y se siguen haciendo mal en el presente" replicó el sindicato a Pelayo Barcia.