La diputada de Podemos en la Junta del Principado, Lorena Gil, denunció ayer la "laxitud" del Gobierno regional en el control de las subvenciones concedidas a empresas situando como ejemplo a Modultec y defendiendo que estos casos "podrían evitarse con el registro público de empresas beneficiarias de subvenciones" propuesto por su formación. Una crítica a la que se suman los trabajadores que perciben "pasividad" en el Principado.
Lorena Gil, que ayer compareció acompañada por su compañero parlamentario, Enrique López, y varios trabajadores de Modultec representados por Samuel Fernández, defendió en su intervención que empresas como Modultec han recibido un "trato favorable" de las administraciones y que presentan "irregularidades y presuntos fraudes" en la gestión de este dinero público. Incluso, añadió que hay "más de 102.000 euros" en "supuestas facturas falsas" para justificar las ayudas procedentes de fondos Feder para tres proyectos desarrollados por Modultec entre 2011 y 2014. Para Gil son razones suficientes para que el caso "deba ser investigado".
Por su parte, Samuel Fernández aseguró en su intervención que Modultec recibió hasta 3,5 millones de euros de dinero público procedente de la Unión Europea desde su creación en 2001.
La denuncia se centra en que la compañía empezó en 2015 a aplicar regulaciones de empleo a 42 trabajadores cuando contaba con una carga de trabajo suficiente. Una sentencia del TSJA del año pasado, actualmente recurrida por Modultec, ha dado la razón a 24 trabajadores y reconoce la "discriminación por sexo" a las empleadas despedidas.
Este conflicto laboral continúa el próximo lunes, 20 de febrero, con el juicio por una denuncia al nuevo expediente de regulación presentado por la compañía y que culmina en junio de este 2017.
