11 de julio de 2018
11.07.2018
Supuestas irregularidades en una de las mayores obras públicas de España

Las defensas tildan de "vergüenza" el auto del "caso Musel": "No basta con indicios"

"El fiscal se montó una historia que no se cree ni él", critica Viliulfo Díaz - "Todo se ha desinflado: de seis delitos, quedan dos", valora Azparren

11.07.2018 | 03:17
Vista general de la ampliación del puerto de El Musel.

Las defensas de los principales investigados en el "caso Musel" tachan el auto dictado por la jueza Lamela, titular del juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, de "auténtica vergüenza". El texto renuncia a sobreseer el caso y aboga por seguir adelante con la fase de instrucción de forma previa a la apertura del juicio oral tras observar "indicios racionales de criminalidad" en las obras de ampliación de El Musel. En total, son 24 las personas investigadas por delitos de fraude y prevaricación.

Viliulfo Díaz, quien representa al que fuera director de la Autoridad Portuaria de Gijón en la época investigada, José Luis Díaz Rato, tilda el auto judicial de "impresentable" y asegura que lo recurrirá en tiempo y forma "para que la jueza se moje, que diga algo, porque ahora únicamente se limita a transcribir, fallos incluidos, porque comete errores por un tubo, el escrito remitido por la Fiscalía, que no es más que una historia que se monta el Fiscal y que no se cree ni él", asevera el letrado gijonés.

"Son meras elucubraciones, no hay ni indicios, es una auténtica machada", continúa Díaz. El letrado afea a la jueza instructora el incluir entre los investigados a José María Alcoba Arce, Jefe del Servicio Jurídico del Estado en Asturias, "únicamente para justificar el delito de prevaricación". Un hecho por el que, asegura, "el Abogado del Estado tiene que estar enfadadísimo, a ver qué dice ahora".

"Tengo la impresión de que le tienen respeto, miedo, a la gente que está metida ahí para politizar estos temas. Si no, no se entiende", continúa Díaz, que añade: "el problema es que se juzgará dentro de dos años y ¿quién les quita a estos profesionales como la copa de un pino, con una impoluta hoja de servicios, el dolor que eso supone? Nadie".

Y va más allá: "es una auténtica venganza política, ¿ve algún alto político metido por aquí? No, aquí solo están los tontos, los que hicieron lo mejor para Gijón, que la gente tenía que salir a la calle con pancartas para agradecerles el haber hecho el puerto de Gijón, con todo lo que ha significado para la ciudad. Son patadas entre políticos en el culo de los profesionales, y eso no puede ser".

El letrado gijonés entiende que la causa "no va a prosperar porque no tiene ni pies ni cabeza, no se sostiene por ninguna parte, es un montaje que no tiene sentido". Y pide a la jueza Lamela que explique "por qué sobresee el procedimiento para unos sí y para otros no o por qué investiga solo a unos y deja fuera a los que aprobaron todo en nombre de Puertos del Estado".

"Es para amargarle a uno la existencia, como si no tuvieran nada en que ocuparse para estar ahora unos meses con este juicio, como si hubieran encontrado mucho dinero en las cuentas corrientes de los investigados", ironiza el letrado, que se congratula de que los seis delitos investigados en un principio se redujeran finalmente a solo dos.

Ni dinero, ni escuchas

Otro de los principales investigados en el procedimiento es Fernando Menéndez Rexach, en su condición de presidente de la Autoridad Portuaria, el único investigado paralelamente por un segundo delito de prevaricación por la expropiación de una serie de parcelas en Alto Aboño. Su defensa la encabeza el letrado ovetense Agustín Azparren, quien asegura que "sigo pensando que todo acabará en sentencia absolutoria". Para Azparren, "todo se ha desinflado mucho desde el principio, de los 6 delitos de los que se les acusaba en un primer momento, que parecía esto un fraude de los más importantes de la historia, al final se ha visto reducido a dos".

"Todo se sigue basando en indicios"

Para el letrado asturiano, "todo se sigue basando en indicios y para ir un juicio oral no basta con indicios. Los indicios son importantes para comenzar una investigación, para apuntar a alguien como investigado. Para dar el paso siguiente se necesitan pruebas y prueba no hay ninguna", estima Azparren.

"Una diferencia con las grandes operaciones de corrupción, es que aquí no ha aparecido ninguna cuenta con dinero, ni ninguna intervención telefónica donde se prueben conversaciones en las que haya habido connivencia, ni partes que acusen a otros", analiza el letrado, que también remarca cómo "se dejaron casi 100 millones sin gastar. Es sorprendente, en todos los casos de fraude o corrupción, los implicados no perdonan 93 millones, sería algo insólito, nunca ocurrió en toda la historia de España", explicita.

Con todo, resalta el letrado, "en penal no valen las obviedades, para condenar hay que tener pruebas y seguimos en el mismo nivel de indicios inicial".

Sí coinciden ambos abogados en que en todo caso, y si finalmente fueran condenados los ahora investigados, las penas de fraude a aplicar serían de 1 a 3 años, y no de 2 a 6 como pide Fiscalía. "Es algo elemental, si hay una reforma del Código Penal y se aumentan las penas, no se pueden aplicar con efecto retroactivo", zanja Azparren.

Un día feliz

Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias, germen del Observatorio Ciudadano Anticorrupción d'Asturies (OCAN), entidad personada como acusación particular en el "caso Musel", aseguró que el de ayer fue "un día feliz para todos aquellos que hemos luchado desde el principio para que se empezase a hacer justicia, aun cuando teníamos gobiernos que miraban para otro lado ante el mayor caso de fraude de Asturias".

Para Ripa, "el auto de la jueza Lamela anticipa que más pronto que tarde va a abrirse el juicio oral y van a sentarse en el banquillo de los acusados, con penas de cárcel importantes, las personas que presuntamente habrían permitido el saqueo de más de 130 millones de euros en El Musel, altos cargos nombrados por las administraciones socialistas de Areces y Zapatero para la Autoridad Portuaria de Gijón".

El secretario general podemista entiende que "queda avalado que la UTE Dique Torres podría haber tenido un presunto conchabeo para ser la adjudicataria, partiendo en una situación de ventaja" y hace especial hincapié en cómo la Autoridad Portuaria, "empieza a pagar los sobrecostes a la empresa beneficiaria cuatro años antes de que legalmente pudiera hacerlo y, además, a precio de oro. Unos sobrecostes que acaban encareciendo la obra en 200 millones de euros".

Ripa entiende que tanto Pedro Sánchez como Adrián Barbón tienen ahora una "oportunidad de oro para cambiar la actitud ante la corrupción, tienen que dar un paso firme y mandar un mensaje".

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