Rocambolesca historia en las Mil Quinientas de Pumarín. El Ayuntamiento envió a los habitantes de cuatro comunidades de vecinos del barrio -sitas en las calles Álava y Gaspar García Laviana- una notificación de apercibimiento de la oficina de disciplina urbanística en la que se les instaba a "realizar las obras necesarias para otorgar un buen estado de conservación" a un pasadizo existente entre ambas comunidades. De no hacerlo en el plazo de un mes, el Consistorio amenazaba con la imposición de una multa de 1.500 euros a cada interesado y el pago de los costes de la ejecución subsidiaria de las obras.

Lo paradójico, según denuncian los vecinos, es que esa instalación no es de titularidad privada, sino pública; y no pertenece a los vecinos, si no al propio Ayuntamiento. Los hechos se remontan a 1989 cuando el Principado cedió al Consistorio gijonés todos los espacios interiores de la urbanización. De hecho, y como prueba fehaciente, incorporan expedientes de compra de parte de ese suelo interior para la construcción de los ascensores de los inmuebles.

Y van más allá. Los vecinos recuerdan cómo el mantenimiento de los jardines y las aceras interiores dependen del Ayuntamiento. Hasta tal punto que, según atestiguan, el último mantenimiento de ese pasadizo lo realizaron técnicos municipales.

Por todo ello, el concejal socialista César González llevó el caso a la comisión de Urbanismo de ayer, donde preguntó por ello al edil del ramo, Fernando Couto, quien se comprometió a paralizar el expediente sancionador hasta que se aclaren los términos de propiedad del pasadizo. "No tiene ningún sentido", se queja el presidente vecinal de Pumarín, Esteban Calleja, que confía en que la situación se arregle pronto ya que "los vecinos están intranquilos y enfadados".