Además de los problemas con las ayudas de dependencia la ciudad sufre también la falta de fondos de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), que hace un par de meses anunció que había agotado su partida presupuestaria de 4.112.500 euros. El Consistorio trató de aliviar la situación con un ingreso de otros 115.000, que fueron destinados a pagar un mes de alquiler a las 694 familias que se consideraban en peor situación económica. Montse Capdevila, vecina de La Calzada, asegura ser una de las afectadas por esta falta de fondos. "Vivo de mi pensión no contributiva de 380 euros y, aunque pedí ayudas a Emvisa y a Vipasa, porque considero que tengo derecho a ellas, o no me contestan o dicen que no pueden ayudarme. Mi casero no puede esperar a que esto se solucione para que le pague el alquiler. Estoy al límite", lamenta.
La mujer, de 51 años, tiene reconocida una incapacidad del 71% después de que hace cuatro años tuviese que someterse a un trasplante de riñón. Asegura padecer también hipertensión y diabetes, tener problemas de anticoagulación crónicos y haber sido diagnosticada el pasado año de padecer una hernia en el sacro. Sufrió también hace años un trombo. "Los médicos, por todo esto, me dejaron muy claro que yo ya no puedo trabajar. Estoy en mi derecho de recibir ayudas municipales y regionales que me ayuden a seguir viviendo. A veces los que están en mi situación somos vistos como mendigos, pero este tipo de ayudas existen, precisamente, porque los enfermos también tenemos derechos y porque no es nuestra culpa no poder trabajar", razona. "Solicité la prórroga de la paga de Emvisa y, en el formulario, se especificaba que tenía que solicitar también la ayuda regional, la de Vipasa. Lo hice y Vipasa me responde que no tengo derecho a la ayuda porque recibo dinero de otras instituciones, cuando no es cierto. Con lo de Emvisa, con todo el tema de los presupuestos, sigo esperando", lamenta. "Luego está el salario social, que también lo pedí. Me mandaron una carta diciendo que en dos meses me dirían si me la concedían y que, si no recibía nada, sería porque no tengo derecho a la ayuda. El plazo terminó en diciembre, así que esta semana puse una reclamación en el registro de la calle Cabrales. No sé qué más quieren que haga", añade.
Ahora la mujer valora dos opciones. "O denuncio al Principado y al Ayuntamiento por lo que yo considero una vulneración de mis derechos o me planto con una tienda de campaña en el centro de Gijón a enseñar mis pruebas a todo el que pase. Yo no puedo esperar a que las instituciones solucionen sus retrasos y, sí, lucho por mí, pero también por tantos otros afectados que conozco. La demora en este tipo de ayudas afecta, precisamente, a personas en situaciones muy complicadas. Trabajé 22 años limpiando en lo que me dejaban y no pude cotizar. Que no me compliquen más la vida", completa.
