Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Gijón ha rechazado el recurso que habían planteado Sabadell Real State Developent (Solvia) y el Club Natación Santa Olaya para intentar librarse definitivamente de Proyectos Integrales Asturianos (Piasa), declarando nula la resolución del Ayuntamiento que en junio de 2015 ratificaba la condición de agente urbanizador a Piasa en el PERI de Santa Olaya, en base a sendos acuerdos de la propia Junta de Compensación. Ahora, Piasa ha solicitado al Ayuntamiento su reincorporación a la Junta de Compensación, con las obras avanzadas y la comercialización de pisos en marcha.
Este conflicto deriva de la quiebra de Bruesa, la promotora que inicialmente tenía la mayoría del PERI. La crisis del ladrillo provocó la insolvencia de esta empresa y entonces fue cuando entró en escena Piasa, llegando a un acuerdo para asumir los costes de urbanización del PERI a cambio de un 27,55% de los derechos en el mismo. El acuerdo fue respaldado por unanimidad en la Junta de Compensación.
Con la quiebra de Bruesa, ésta llegó a un acuerdo con el Banco Sabadell para entregarle sus terrenos en el PERI en pago de la deuda. Solvia, la promotora del banco y el club deportivo optaron en mayo de 2016 por prescindir de Piasa alegando incumplimiento de contrato y a partir de ahí el asunto pasó a los tribunales.
Dentro de esta batalla legal, Solvia y el club promovieron la anulación de los acuerdos que otorgaron derechos a Piasa. La sentencia, dictada en junio pasado, rechaza la petición argumentando, entre otras cosas que en la escritura de dación en pago de los terrenos de Bruesa a Solvia, se hizo constar el acuerdo con Piasa, en el que la inmobiliaria del grupo Sabadell se subrogaba. En cuanto al club deportivo, reseña que avaló el acuerdo que ahora quería impugnar.
Así las cosas, a finales de diciembre pasado, Piasa presentó un escrito ante el Ayuntamiento solicitando la reincorporación en la Junta de Compensación del PERI de Santa Olaya, planteando que todos los acuerdos adoptados tras su exclusión son nulos. El Ayuntamiento no ha contestado y el asunto puede acabar volviendo a los juzgados de lo contencioso a mediados de este año, cuando vence el plazo de espera para esperar una respuesta.
Por otra parte, el propio juzgado de lo contencioso tampoco atendió en 2017 la petición de Piasa para anular la resolución del Ayuntamiento que la apartaba de la Junta de Compensación, tras notificárselo así esta última, considerando que el asunto no atañe al Ayuntamiento al ser una resolución de un contrato.
En octubre del año pasado Piasa presentó un escrito de conciliación ante los juzgados de lo civil de Barcelona -a donde Solvia llevó la sede de la Junta de Compensación- reclamando su reincorporación o una indemnización de 7 millones de euros. No hubo avenencia, ni se presentó demanda.
