La tramitación de la declaración de impacto ambiental de la depuradora del este de Gijón está acumulando un nuevo retraso, al faltar un informe de la Dirección General de Costas, sobre la compatibilidad de la depuradora con la planificación de costas y el mantenimiento del buen estado ambiental del medio marino. Ese informe es obligatorio tras un cambio legal que se produjo cuando el expediente estaba iniciado. Costas previsiblemente no pondrá reparos al proyecto gijonés, pero aún no ha firmado el informe que permitirá culminar la tramitación y que le fue solicitado el pasado 5 de abril. Cada día que pasa sin que se depuren las aguas de la cuenca este gijonesa, España tiene que pagar una multa de 24.000 euros a la Unión Europea por incumplir la directiva comunitaria de 1991 sobre tratamiento de aguas residuales.
El Ministerio para la Transición Ecológica está repitiendo la tramitación ambiental de la depuradora del Este después de que los tribunales anularan la anterior, por no haberse justificado adecuadamente la elección del emplazamiento en el que se ha construido, junto a la estación de pretratamiento (la Plantona), en las proximidades de la colonia de chalés de El Pisón.
La Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica recibió el pasado 14 de marzo la documentación del nuevo estudio de impacto ambiental, junto a las 21 alegaciones presentadas por vecinos, ecologistas y administraciones. Lo envió la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es la responsable del proyecto. La documentación no incluía el informe de costas, al considerar la Confederación que no le era aplicable a este proyecto, al haberse iniciado el mismo antes del citado cambio legal.
Una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental del pasado mes de diciembre introdujo la necesidad de ese informe de Costas. El pasado 22 de febrero se articuló, mediante el real decreto 79/2019 la aplicación de esa modificación legal; solicitar el informe a Costas durante las consultas sobre el proyecto a las administraciones o personas afectadas. Un periodo de consultas que se había cerrado cuando se promulgó ese real decreto.
Pese a ello, la Subdirección General de Evaluación Ambiental ha reclamado a la Confederación que le aporte ese informe de Costas sobre una actuación envuelta en la litigiosidad.
El pasado 5 de abril, la Confederación solicitaba a su vez el informe a la Dirección General de Costas. En principio, Costas no va a poner problemas a un proyecto cuyo objetivo es eliminar los vertidos contaminantes por aguas fecales que ahora se echan al mar, pero aún no se ha firmado el informe ni remitido por tanto a la Confederación, según explican fuentes de este organismo, asegurando que el envío del mismo es inminente.
El estudio de impacto ambiental, elaborado por la consultora Taxus, sostiene que la mejor ubicación para la depuradora es junto a la planta de pretratamiento (la Plantona), donde ya está construida en su práctica totalidad una depuradora que no se ha podido poner en marcha ante los pleitos interpuestos por los vecinos de la cercana colonia de chalés de El Pisón. El Tribunal Supremo, obligó a paralizar las obras en su recta final, al estimar la demanda vecinal que consideraba que el primer estudio de impacto ambiental para decidir la ubicación de la depuradora no había justificado adecuadamente la elección de ese emplazamiento como el mejor de los que se habían estudiado.
La depuradora del Este de Gijón se encargará de depurar las aguas residuales equivalentes a los vertidos de 150.000 personas. Esta cantidad representa cerca del 40% de todas las aguas negras que se vierten al mar sin depurar en España, por las que el Tribunal de Justicia de la UE impuso el pasado 5 de julio una multa de 12 millones de euros por incumplir la sentencia de 2011 que obligaba a corregir la situación y otra multa de 60.000 euros diarios hasta que se corrija esa situación, multa esta última que se irá reduciendo proporcionalmente a medida que se vayan eliminando los 9 puntos negros que en aquella fecha aún quedaban en España.
Fechas
22 de febrero. Un real decreto regula el informe de Costas sobre compatibilidad con las estrategias marinas.
14 de marzo. El Ministerio recibe el expediente de la depuradora del este sin el informe de Costas.
5 de abril. Costas recibe la petición del informe preceptivo, que deberá entregar para reanudar la tramitación.
